El gobernador Ricardo Quintela realizó hoy la frma del Convenio Marco de adhesión al que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación conducido por Jorge Ferraresi y el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.
De la reunión, que se realizó de manera virtua, participaron representantes de las provincias de Chaco, Tucumán, Misiones, Santa Fe, San Juan y Tierra del Fuego.
En la oportunidad el gobernador Quintela dijo que «es una gran satisfacción poder sumarnos a este convenio que nos permite también ordenar nuestro territorio, garantizar que la gente pueda acceder al hábitat tan necesario».
Mencionó al Plan Angelelli, basado en sus tres principales ejes de gestión: pan, techo y trabajo. «Buscamos garantizar la erradicación de 2.500 ranchos y esto nos viene muy bien porque nos permitirá ordenar todo el territorio de la provincia», indicó el mandatario, que estuvo acompañado por la vicegobernadora Florencia López y el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria.
Precisamente, Puy Soria precisó: “Esto es importante porque hace referencia a las políticas del uso del suelo de parte de los Estados provinciales, con el fin de lograr la construcción de viviendas, con la generación de un banco de tierras, la planificación de la expansión urbana y fomentar el arraigo urbano y rural, apuntalando la creación de unidades económicas productivas y por supuesto, otorgar seguridad jurídica a la gente”.
El funcionario resaltó que cuando el crecimiento urbano es desordenado a partir de la ocupación de tierras o usurpaciones, el Estado tiene que llevar adelante políticas de inversión en infraestructura básica y de servicios, porque es incesante el crecimiento demográfico y por ende la construcción de viviendas. Y agregó que en la provincia “tenemos una legislación vigente de saneamiento de títulos, a partir de las mensuras colectivas y escrituración masiva de lotes urbanos y rurales y esto significa también incluirlos en los registros oficiales catastrales y como propietarios en los registros de la propiedad inmueble con las escrituras traslativas de dominio”.
“A partir de este convenio vamos a fortalecer las políticas públicas vinculadas al territorio, teniendo como premisa que en La Rioja estas políticas tienen un fin social y no la renta financiera o la especulación inmobiliaria, fortaleciendo los municipios para disponer de más superficie para la construcción de viviendas en los 18 departamentos, porque si bien el Estado provincial dispone de tierras, hay algunos departamentos a los que hay que ayudar a ordenar el territorio y ponerlos a disposición de las políticas públicas habitacionales”, indicó.
El titular de Vivienda consideró que “damos un gran paso adelante en esta integración con la Nación para que podamos trabajar también en la planificación con las universidades y sectores vinculados al conocimiento, para lo cual ya henos firmado un convenio con el Departamento de Ciencias Aplicadas de la UnLaR y en los próximos días comenzaremos a trabajar de manera conjunta”.
Alcances
Según se informó, el objetivo de este programa, es promover procesos de planificación territorial integrales para las ciudades, sus periurbanos productivos y las zonas no urbanas con funciones ambientales y/o productivas; y los usos del suelo planificados, que contribuyan a reducir las desigualdades socio-espaciales y mejorar las condiciones de arraigo de la población.
Asimismo busca garantizar acciones coordinadas entre el acceso al hábitat, el modelo de desarrollo económico y las capacidades del ambiente y sistematizar y difundir información para asistir a los procesos de toma de decisión de la inversión pública que inciden en la valorización del suelo.
Dentro de los beneficios que se pretende alcanzar se encuentra la contribución al proceso de ordenamiento territorial alineando estrategias nacionales, provinciales y locales; mejorar las capacidades de gestión territorial fortaleciendo los aparatos estatales de planificación; relevar Y difundir buenas prácticas existentes en el territorio promoviendo su replicabilidad; e instrumentar un registro territorial de suelo que facilite la toma de decisiones y permita el seguimiento y evaluación de políticas implementadas.