Una serie de incidentes en torno al caso motivaron que el debate no se realice en la sede judicial de la ciudad donde ocurrió.
Un hombre de 67 años comenzó a ser juzgado ayer en Rosario por el crimen de Leandro Brizzola, ocurrido en noviembre de 2017 en Casilda. Se trata de Jorge Enrique Van Autenboer, quien se sentó en el banquillo ante un tribunal conformado por los jueces Carlos Pareto Marisol Usandizaga y Jesús Rizzardi.
En ese marco el fiscal Juan Pablo Baños pidió para el acusado una condena a 18 años de cárcel como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El asesinato de Brizzola ocurrió cerca de las 4 de la mañana del 17 de noviembre de 2017 a unos metros de una estación de servicio YPF de Tucumán y Ovidio Lagos, en pleno centro casildense. Allí había estacionado su Renault Scenic el acusado, quien trabajaba como conserje en el Casilda Club.
Al parecer la víctima, de 41 años, estaba con unos amigos en el minimercado de la estación de servicio y al ver que el acusado estacionaba se dirigió hacia el vehículo. Entonces Van Autenboer se bajó y le disparó al menos cinco veces. Brizzola fue alcanzado por cuatro balazos, dos en el brazo derecho y dos que le ingresaron al tórax. Logró caminar unos metros hasta que se desplomó y murió minutos después en el Hospital San Carlos.
En tanto, el imputado se dio a la fuga en su vehículo luego de exhibir su arma a los testigos. Sin embargo, un par de horas después sería detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) cuando se aprestaba a guardar el Renault en el garaje de su casa de Rivadavia al 1400, frente al complejo habitacional Fonavi del barrio Granaderos a Caballo donde residía Brizzola.
Luego Van Autenboer fue imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la jueza casildense Mariel Minetti le dictó prisión preventiva.
Vieja bronca
Entre las hipótesis que se barajaron había problemas de antigua data entre el homicida y la víctima. Un testimonio ventilado en una audiencia imputativa indicaba que el acusado le habría gritado a Brizzola, mientras se alejaba luego de haberle disparado: «Viste lo que te pasó por hacerte el vivo».
Sin embargo 15 días después, en otra audiencia, el imputado rompió el silencio y justificó su conducta en una agresión de la víctima de la cual intentó defenderse. En ese momento Van Autenboer alegó que no había salido en busca de Brizzola para matarlo sino que se lo cruzó casualmente cuando había ido a cargar nafta.
Lo cierto es que ambos se conocían y mantenían una mala relación que según trascendió en su momento tenía que ver con las actividades de ambos en el Casilda Club, donde el homicida trabajaba como conserje y la víctima solía «ir a jugar a las maquinitas». Al punto que unos meses antes el acusado lo había denunciado por amenazas contra su hija.
En ese contexto, el caso motivó una polémica en la ciudad entre la familia y allegados a la víctima y algunos vecinos que justificaban el accionar del acusado.
Del lado del homicida se indicaba que Brizzola solía ir al club a molestar a Van Autenboer y que éste, luego de denuncias que no conducían a nada, se cansó y decidió ultimarlo.
Por el contrario, la familia del hombre asesinado deslizó que el trasfondo del hecho podía estar vinculado con cuestiones de apuestas clandestinas en el Casilda Club. En ese sentido una hermana dijo el año pasado a medios casildenses que tres meses antes del hecho el homicida había amenazado de muerte a Brizzola, pero «(Leandro) nunca nos dijo cuál fue el motivo».
Más polémica
La polémica se reactivó dos meses después del crimen cuando en enero de 2018 la jueza Minetti ratificó la prisión preventiva para el acusado quien estaba detenido en la Alcaidía de Casilda. Pero días después el camarista Gustavo Salvador revocó la medida cautelar y la convirtió en prisión domiciliaria, por entender que ello no implicaría riesgo de fuga ni entorpecimiento procesal.
Otra instancia de tensión se generó en mayo del año pasado cuando el acusado pidió salidas laborales para poder concurrir a seguir trabajando como conserje en el club. Sin embargo la audiencia en tal sentido no pudo llevarse a cabo ante la posibilidad de disturbios frente a la sede judicial.
La controversia motivó que en octubre pasado, al momento de la audiencia preliminar al juicio oral, la policía desplegara un intenso operativo de seguridad frente a la sede casildense del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para evitar contactos entre los allegados a la víctima y los del acusado. En la oportunidad el fiscal formalizó su acusación y pidió 18 años de cárcel, mientras que la querella solicitó una pena a 33 años. Además los acusadores requirieron que Van Autenboer regresara a una celda, pero la jueza dictaminó que siguiera en domiciliaria. Para entonces la defensa ya no pedía salidas laborales.
En ese contexto ayer comenzó el juicio oral en los Tribunales Provinciales de Balcarce y Oroño, en Rosario. Al respecto, fuentes judiciales señalaron que el debate comenzó en esta ciudad «por cuestiones de organización».