Son casos desde 2012 en adelante: algunas pasaron privadas de su libertad algunas horas o días, otras como Gimena, Eliana y Rosalía todavía están presas. Los datos surgen de una investigación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Más de 130 organizaciones exigen: “Es urgente terminar con la criminalización del aborto”.
Gimena está presa en la Unidad Carcelaria 4 de Salta, en el norte argentino. Una de las “pruebas” en su contra fue haber googleado la palabra aborto desde su celular. Tiene 26 años, es madre de dos hijos y los últimos cuatro años los pasó detenida. En 2017 fue condenada a 15 años de prisión después de haber parido en una letrina en su casa de Cafayate, a casi doscientos kilómetros de la capital salteña. Ella creyó que había dado a luz a un recién nacido muerto. No le creyeron, la juzgaron y condenaron. Eliana está detenida en San Juan, con un castigo de prisión perpetua después de haber quedado embarazada producto de una violación y haber tenido un parto en el fondo de su casa. Sus historias se parecen entre sí: un parto extrahospitalario en una letrina que termina con un neonato muerto. Rosalía hoy cumple prisión domiciliaria por no haber podido “salvar” a su hija recién nacida.
Gimena, Eliana y Rosalía son sólo tres nombres que muestran que Belén, la joven tucumana 29 meses presa por un aborto espontáneo, no fue la única presa por aborto u otro evento obstétrico en los últimos años en Argentina. La falta de una ley de aborto legal, seguro y gratuito tiene secuelas físicas y legales en las vidas de las personas.
Una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito -a la que tuvo acceso LATFEM- reveló que entre 2012 y la actualidad huboal menos 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos en todo el país. Se trata de historias publicadas en medios nacionales y locales, por lo que se trata de un subregistro ya que los datos oficiales aún no fueron publicados. El informe demuestra que la ausencia de una normativa tiene un impacto de género y clase. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la enorme mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. “Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres”, dice el comunicado, que lleva más de 130 adhesiones, con el que dieron a conocer los resultados de esta investigación para exigir terminar con la criminalización del aborto.
El trabajo de recolección de datos empezó hace un año y la investigación cuenta con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Lxs investigadores no encontraron varones trans o personas no binarias criminalizadas. La mayoría de las mujeres tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen une o más hijes. “Cuando nos referimos a eventos obstétricos aludimos a casos como los de Belén: situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves. En el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas”, dicen.
Fuente: LATFEM