Ya no se trata de anticiparse a una posible saturación de camas de terapia intensiva, la situación sanitaria en todo el país está colapsando.
El documento que fue adherido por muchos gremios docentes del país dice lo siguiente:
La situación sanitaria en el Área Metropolitana, así como en las de un número creciente de provincias y regiones de nuestro país, ha comenzado a colapsar. Ya no se trata de anticiparse a una posible saturación de unidades de terapia intensiva, esto va a ocurrir.
En dos semanas, el porcentaje de camas de cuidados intensivos en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 49,5 % a 81,7%. Cualquier proyección realizable indica que en los próximos días los enfermos graves no tendrán cama. Luego ocurrirá lo mismo en el AMBA. A eso debe sumarse el desgaste físico y psíquico de trabajadores y trabajadoras cuyo conocimiento no puede reemplazarse como un respirador.
El promedio de edad de los internados bajó a 53 años. El incremento de casos en menores de 20 años es inocultable. Superamos con creces el pico de contagios de la primera ola: 29.477 en abril de este año contra los 18.326 de octubre de 2020. Con tasas de incidencia menores a la mitad de las que hoy observa Argentina, países como Alemania, Uruguay y Chile, redujeron al mínimo la circulación y suspendieron la presencialidad escolar.
Estos datos tan crudos, con anuncios de muertes incluidos, se vuelven difíciles de asimilar para la población. Las autoridades deben tomar plena conciencia de la gravedad del momento. El punto crítico en el que entramos no deja lugar para ninguna especulación política, para ninguna disputa partidaria, para ningún interés sectorial.
Necesitamos de manera urgente que el Gobierno Nacional -y todas las jurisdicciones provinciales y municipales sin excepción- apliquen decididamente las máximas restricciones de circulación para dar tiempo a la campaña de vacunación. Debe aplicarse una estricta suspensión de actividades con aislamiento preventivo y obligatorio en las zonas con mayor riesgo epidemiológico. Pero para que esta suspensión sea efectiva, el Gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales deben garantizar la ayuda estatal para quienes no puedan ejercer su trabajo por este período. Es preciso que los alimentos lleguen a los sectores sociales más afectados y que se destinen fondos presupuestarios para ello, desde todas las jurisdicciones, porque tampoco se puede enfrentar la pandemia con hambre.
Hoy es el tiempo límite de cuidar la salud por encima de todo ya que toda dilación se pagará en vidas humanas. Es imperioso, entonces:
Convocar una mesa de expertos que señalen las pautas de alarma para tomar medidas estrictas. No opiniones, sino datos concretos con criterio científico. Sin partidismo, la ciencia debe estar a la altura de las necesidades del pueblo.
Generar un diagnóstico detallado y regionalizado que permita ir monitoreando el comportamiento de la pandemia en todo el país y actuar en consecuencia.
Evaluar, de acuerdo a la experiencia de países como Alemania, Uruguay, Francia entre otros, el límite de contagios por 100.000 habitantes para el cierre de actividades en forma detallada, puntual, temporal y acompañada. Estas medidas deben ser unificadas en los territorios y no fraccionadas.
Generar un sistema de comunicación permanente a la población, con criterios unificados, claros y conducentes, que explique la evolución de los casos y las decisiones adoptadas porque las medidas tendrán un impacto positivo a los 10 días de su implementación.