La fiscalía había pedido que vayan a prisión para que no se ponga en riesgo la investigación por la instalación ilegal en casas y comercios realizadas por empleados y ex empleados de la empresa. Qué pasará con las personas que se beneficiaron al tener este servicio.
La Justicia no hizo lugar al pedido que la Fiscalía hizo este lunes para que cinco de los diez imputados en la causa de la «EPE paralela» vayan presos.
«Se confirmó la resolución dictada en primera instancia en el mes de noviembre. Solicitábamos que estén privados de la libertad porque es más beneficioso para la investigación y tener mayor pruebas», afirmó la fiscal Valeria Haurigot al móvil de El Tres al término de la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.
La investigación analiza las tareas que empleados y ex trabajadores de la empresa realizaban en casas particulares y comercios, ofreciendo las instalación del servicio de forma particular para pagar menos por el servicio.
La causa está caratulada como asociación Ilícita y fraude a la administración pública y tiene a diez personas imputadas. La investigación se inició en el mes de mayo del 2018 y los últimos allanamientos se realizaron en el mes de diciembre, donde se revisaron cinco medidores en distintos puntos de la ciudad y se procedió a cortar el servicio en al menos 25 lugares donde se detectaron conexiones clandestinas.
Las detenciones fueron realizadas a partir de las escuchas donde se detectaban los detalles de la labor que propios empleados y otros que habían formado parte de la EPE realizaban con propietarios de casas y de comercios de la ciudad.
«Pensamos ir imputándolos», dijo la fiscal Haugirot sobre las personas que fueron beneficiadas y que contrataban el servicio de instalación y cobro paralelo de la empresa.