En medio de la cuarentena por el coronavirus, se reactiva el conflicto mapuche en Río Negro.

Las comunidades originarias reclaman ayuda estatal para enfrentar la pandemia y soluciones de fondo, tras los episodios de violencia en Buonuleo. Mientras los lugareños denuncian hechos de vandalismo, el gobierno provincial reclama soluciones para el Lago Mascardi, donde murió asesinado el joven Rafael Nahuel en 2017.

Luego de poco más de cinco meses de calma, el Gobierno nacional tuvo que intervenir en un nuevo conflicto mapuche en la Patagonia. La tensión se reactivó en la comunidad Pu Lof Buenuleo de Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde una patota encabezada por el propietario de un predio atacó a los ocupantes de los terrenos con armas blancas y les destrozó la vivienda. Por ese hecho, el mapuche Ramiro Buenuleo y otras dos personas sufrieron heridas, entre ellos una mujer y un adolescente de 14 años. Cuatro agresores fueron imputados.

Ese episodio fue un punto de quiebre en la escalada de violencia, que ya venía con antecedentes de enfrentamientos en la zona. El conflicto se nacionalizó y dio lugar a que intervenga el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic. En medio de las restricciones y complejidad de la pandemia, el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, viajó a Bariloche para encabezar una reunión que brinde soluciones a la espiral de tensión junto a autoridades provinciales, municipales, representantes mapuches y de la sociedad civil rionegrina.

Las conversaciones arrojaron como saldo un acuerdo por un plazo de 90 días, donde la provincia de Río Negro se hace cargo de la protección de la comunidad ubicada en el Cerro Ventana con una fuerza policial especial, junto a la provisión de otros elementos de seguridad e higiene. De esa manera, se atendía la problemática de la violencia pero no la cuestión de fondo, que es el derecho al acceso a las tierras preexistentes incorporado en la reforma constitucional de 1994.

Las históricas tensiones en la Patagonia ya estaban en el radar del Poder Ejecutivo. El acuerdo significó la puesta en marcha efectiva en Río Negro del protocolo para la resolución “pacífica” de conflictos territoriales con los pueblos originarios, que fue presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Interior. A ese mecanismo suscriben el Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, y su par de Justicia, Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Las tres carteras definen las tres claves de una problemática estructural: el derecho a la tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad.

“Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó con sus teorías insurrecionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”, indicó a Infobae el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.

Con el reflote de la cuestión mapuche, volvieron a ponerse de relieve las miradas contrapuestas sobre el abordaje de estas disputas. Tras concretarse el acuerdo y las primeras negociaciones, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, subrayó que los pobladores de las zonas patagónicas en conflicto viven “amenazados y asustados” por los hechos de violencia. “Queremos que la gente de Nación entienda el problema de Mascardi, el problema de la Ruta Nacional 40, el problema en la costa del lago y todo lo que esto implica para el turismo”, reclamó el ministro provincial.

La gestión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamos de los vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo y los robos en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Según la prensa local, el último caso que salió a la luz fue el pasado 12 de mayo en Los Radales, cuando se detectaron focos de incendio en una cabaña en las zonas aledañas de la Ruta 40 y la comunidad de Winkul Lafquen Mapu.

“La zona de Villa Mascardi es tierra de nadie. Desde la zona de la cabaña del colegio San José, que la quemaron hasta casi llegando a la Villa, hacen lo que quieren, te amenazan y te dicen que es tierra de ellos”, dijo el administrador de las cabañas Hueche Ruca, Alejo Dasso, a la agencia ANB.

Más allá de los delitos contra la propiedad, la región tiene un historial oscuro reciente: en el Lago Mascardi murió asesinado el 25 de noviembre de 2017 el joven mapuche Rafael Nahuel, a manos de un efectivo de la Prefectura Naval. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre sostuvo que existió un enfrentamiento.

En el Ministerio de Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De hecho, no descartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches. Mientras tanto, este tipo de denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. No debería ser complejo: en las zonas de conflicto habitan poblaciones de entre 30 y 40 personas junto a pocos propietarios de casas lujosas o de campo, que cuentan con su propia custodia de seguridad. Pero hay pocas pistas sobre el origen de la violencia.

Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, denunció a Infobae una “campaña de estigmatización de denunciar hechos sin pruebas, que le son endilgados a la comunidad”. “Eso no ayuda a resolver ningún problema. La realidad es que en nuestro territorio mataron a un integrante nuestro sobre la espalda y fue Rafael Nahuel“, indicó.

Por lo pronto, el área geográfica del Lago Mascardi cuenta con una presencia de la Policía Federal, tras la salida del territorio de la Gendarmería Nacional que comenzó bajo la gestión de Mauricio Macri. A pesar de las tensiones, en el Poder Ejecutivo están convencidos de que “no irán a la guerra” contra los habitantes mapuches y los pobladores.

Desde la visión de los mapuches, la pandemia no fue un tiempo de paz. Según Carriqueo, los propietarios están avanzando en el alambrado de territorios en localidades como Colan Conhue, Río Chico y San Antonio y dicen que están pendientes “entre cuatro o cinco desalojos”. Es decir, Buenuleo no fue la excepción.

“La Comarca Andina no escapa a la situación de inseguridad jurídica y territorial que viven muchas comunidades en el país. Se desenvuelve en el marco de un conflicto histórico con el pueblo mapuche que se remonta desde la Campaña del Desierto”, consideró el referente mapuche a este medio.

“Vivimos una estigmatización social. Ahora hay un reconocimiento de esa preexistencia pero no nos reconocen la territorialidad, ni el genocidio que permitió la apropiación de nuestras tierras, donde hubo mapuches hace más de 200 años. Hay fuertes intereses inmobiliarios. Es algo que involucra al Estado nacional, provincial y municipal. No debe ser el Ministerio de Seguridad el que resuelva los conflictos”, completó.

Buenuleo y las pulseadas latentes

En el conflicto de Buenuleo, la Justicia provincial instruyó una causa por presunta usurpación pero el Tribunal de Impugnación de Río Negro, ante el planteo de la comunidad, la declaró incompetente y la envió a la Justicia federal de Bariloche. En una resolución de diciembre, el tribunal indicó no sólo que la jurisdicción corresponde a Parques Nacionales sino que se investiga “un hecho calificado por los imputados como de ‘posesión tradicional indígena’“.

En ese clima de desacuerdo y hostilidades, el Ministerio de Seguridad busca aplicar su receta propia para la pacificación. Durante la visita de Fuks en Río Negro, el funcionario mantuvo abiertas negociaciones junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que conduce Magdalena Odarda, de la Administración de Parques Nacionales, el ministro Gastón Pérez Estevan, autoridades municipales y representantes del Parlamento Mapuche.

En medio de esas tratativas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar en favor de la comunidad Buenuleo por encontrarse “en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”. La causa que tramita el conflicto de fondo ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

“Con el acuerdo que firmamos con la comunidad Buenuleo se garantiza la seguridad de las víctimas de los recientes hechos de violencia. Estamos siguiendo el tema en Mascardi, donde también hay situaciones de violencia y cuestiones a analizar, como la existencia de una parte reclamando un territorio ancestral que considera sagrado. Queremos que todos los actores estén sentados en la mesa de diálogo“, sostuvo Fuks.

Aunque hubo un avance en materia de seguridad, en la cartera de Sabina Frederic consideran que una solución real para los pueblos originarios tardará de “tres a seis meses”, a partir del trabajo conjunto entre el INAI, la Universidad Nacional de Río Negro y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las mesas de trabajo continuarán esta semana y la próxima, con la participación de los equipos académicos y de Parques Nacionales y del Parlamento Mapuche.

En concreto, estos organismos dispondrán de partidas presupuestarias específicas y recursos para elaborar un estudio exhaustivo sobre la población de las comunidades originarias y los territorios que habitan. En última instancia, los informes se sumarán como un aporte para dirimir los litigios judiciales por el acceso a la tierra. Varios de estos reportes ya son presentados a tribunales en el marco de la Ley 26.061.

Mientras tanto, las comunidades mapuches no solo reclaman una solución de fondo sino asistencia económica para afrontar las penurias de la pandemia por el coronavirus. Ante el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODESI), los representantes reclamaron el sábado pasado al gobierno rionegrino de Arabela Carreras una partida de 4 millones de pesos. Por ahora solo recibieron negativas.

“La ayuda puede ser en forraje o leñas. Los precios aumentaron mucho. Hay comunidades que no pueden ser asistidas”, consideró Carriqueo.