Crece la preocupación entre los privados de la libertad. Tres gendarmes de Posadas que trabajan en el lugar dieron positivo para Covid-19. Un total de 24 personas viven en condiciones inhumanas.
La pandemia desatada a nivel mundial, ha venido a modificar nuestro modo de vida, de percepción de la realidad, descubrir experiencias propias de una situación jamás vivida por los actuales habitantes de este planeta. De la posibilidad de infectarse de un virus a priori de alta mortalidad, se sumaron los efectos colaterales, ya sea las restricciones de circulación, pérdidas de empleos y sus consecuencias para la economía de cada persona y grupo familiar.
Este contexto absolutamente extraordinario para cualquier persona, es la realidad cotidiana que sufre cualquier ser humano que se encuentre privado de su libertad, producto de un proceso penal que lo sostenga, aunque sea de manera arbitraria.
No todos los lugares de detención, comúnmente conocidos como cárceles, reúnen mínimas condiciones para privar en condiciones dignas, a una persona de su libertad preservando su salud física y psíquica. Muchos de esos “lugares” no son más que comisarias o sede de fuerzas federales en territorio provincial, que no se encuentran habilitados para la permanencia de personas mas allá de unos pocos días.
Sin embargo, se viene utilizado a estos espacios temporarios de detención, como permanentes, sin tomar en cuenta la ausencia de condiciones sanitarias, alimentarias, de recreación y resguardo de salud necesarios para mantener por largos periodos, la custodia de personas.
A modo de ejemplo, existe en el corazón de nuestra ciudad, la sede del Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional que, en su estructura edilicia, guarda un pequeño espacio donde conviven regularmente de 22 a 24 personas, en total estado de hacinamiento, a disposición del Juzgado Federal de Instrucción Penal de Posadas.
Este espacio común, que no excede de los cincuenta metros cuadrados, con un solo sanitario, sin acceso a la luz solar, sin circulación de corriente de aire, es su hogar permanente, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, por largos periodos, que se traducen en meses, en ocasiones, más de un año.
El deterioro en la salud física y psíquica que una persona sufre en condiciones severas de detención, son fácilmente verificables, sin embargo, ignoradas intencionalmente por parte de las autoridades que ordenaron su detención.
La persona privada de su libertad en estos lugares irregulares de detención, deja de tener una dieta alimentaria regular, de tener actividad física y psíquica, en el mejor de los casos, la atención medica es mínima, la falta de contacto con la luz natural tiene un impacto directo en la salud de la persona, impidiendo la producción de vitamina D, se suma la profunda depresión que la situación de incertidumbre y violencia institucional provoca, deteriorando de manera constante, el sistema inmunológico, y si tiene enfermedades de base, previas a su detención, el altamente predispuesto a contraer cualquier tipo de enfermedad circulante, en especial el vector Covit-19.
Estas personas pasan desapercibidas para nuestra sociedad, altamente vulnerables para el servicio de justicia y abandonados a su suerte por la salud pública.
Si bien se encuentran privados de su libertad por autoridad federal, quienes tienen una posición de garante primaria en lo que respecta a las condiciones de detención, preservación de la salud y vida de los detenidos, no olvidemos, que se encuentran dentro del territorio provincial, en el pleno centro de la ciudad capital, comprometiendo directamente, a las autoridades provinciales garantes de la salud pública de todos los habitantes, sin que tengan la menor información sobre su existencia y menos aún, condición de salud.
Cabe remarcar que no se trata de personas condenas por algún delito, sino personas detenidas preventivamente en el marco de la investigación de una hipotética intervención de un delito. Vale recordar que la Republica Argentina, hace mas de un cuarto de siglo, tiene dentro del rango de normas Constitucionales, a Convenciones y Tratados en materia de Derechos Humanos (art. 75º inc. 22º) que impiden el menoscabo de la dignidad, salud física y psíquica de un ser humano en el marco de una detención preventiva o bajo cualquier otro nombre.
La Republicar Argentina adhiere a las Reglas de Mandela, creadas por las Naciones Unidas (1955) y actualizadas por su asamblea general (2017), en sus 122º reglas, tiene como principio que “Ningún recluso puede ser torturado ni sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”
En una situación absolutamente previsible, personal que trabaja en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, con asiento en esta ciudad, tuvo varios testeos positivos del Covid-19 en los últimos días. Más allá de los tres confirmados, lo importante es saber hasta dónde llegó la cadena de contagios, las personas altamente vulnerables, detenidas en condiciones absolutamente inadmisibles, bajo argumentación que en muchos casos, ofende el sentido común, hoy presentan, además de evidente deterioro de su salud física y psíquica, una posibilidad concreta de ser contagiados por personal que se encuentra a cargo de la custodia de esa pequeña habitación, quienes interactúan libremente con sus compañeros de la fuerza.
Allí se encuentra privado de su libertad, de manera por demás arbitraria, una persona a la cual no se le imputa delito alguno. De hecho, se pudo verificar que en su vida no ha cometido delito o falta atribuible, sin embargo, padece hace más de diez meses una detención preventiva en las circunstancias descriptas, espera ser extraditado a la República del Brasil, para que responda a una imputación provisional, basado en una cedula de identidad encontrada en un hecho donde no hubo detenidos. Las fronteras con el país vecino probablemente no se abrirán por muchos meses, desconociéndose la suerte que tendrá la vida de este ser humano y todos los demás que allí se encuentran recluidos.
Esta persona con antecedentes de enfermedades cardiacas, hipertensión, ha perdido mas de la mitad de su peso, agravado sus condiciones de salud al punto de ser de la máxima preocupación de sus custodios, sin embargo, se le ha negado sistemáticamente cumplir una detención domiciliaria o recuperar su libertad. Un contagio del vector que es motivo de la pandemia, para el, seria letal.
Este es uno de los muchos ejemplos de personas que pasan desapercibidas para la sociedad, en gran medida, para el sistema de salud y control de actos públicos de gobierno, a priori, a nadie parece interesar, pero aun así, la responsabilidad internacional por violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado Argentino es innegable.
Solo queda esperar la intervención responsable y efectiva de autoridades de la salud, para preservar la integridad de estas personas y deslindar responsabilidades ante futuros reclamos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
FUENTE AGENCIA HOY