La estrategia del Gobierno para evitar el éxodo de jueces y fiscales por los cambios en las jubilaciones especiales.

200 funcionarios del Poder Judicial están condiciones de irse y al menos 50 ya presentaron la renuncia. Con las vacantes que ya hay, la mitad de la justicia quedaría sin cargos.

Además del aspecto económico, la reforma al sistema de jubilaciones del Poder Judicial sumó en tribunales otra preocupación. Es la posible salida en estampida de jueces y fiscales que ya están en condiciones de retirarse y que optan por hacerlo ante la posibilidad de perder ingresos. Eso aumentaría las ya muchas vacantes que hay en la justicia. En los últimos días tanto jueces y fiscales afinaron el lápiz y le pusieron número al éxodo: 200 personas están en condiciones de retirarse. Ante esta situación, el Gobierno nacional tiene una estrategia para evitar una eventual sangría.

La preocupación surgió la semana pasada cuando al nuevo régimen de jubilaciones, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, el oficialismo quitó de la ley el artículo que establece que los jueces jubilados pueden ser convocados a desempeñar funciones. Se llama estado judicial y permite ante vacantes llamar a magistrados que ya se retiraron.

La iniciativa, que ahora pasará el Senado, encendió las alarmas ante la posibilidad de que muchos lugares queden vacantes y que otros jueces en actividad deban duplicarse y ocupar esos lugares. Es algo que ya ocurre, y con frecuencia, pero desde las asociaciones de jueces y fiscales señalan que la cantidad de vacantes crecerá en poco tiempo y afectará al servicio de justicia.

En la justicia nacional y federal hay cerca de mil cargos de jueces en todo el país, entre los que son de primera instancia, de cámaras y de tribunales orales. Según datos del Consejo de la Magistratura de la Nación -el organismo encargado de la selección de los magistrados- el 25 por ciento de esos lugares están vacantes. A eso que hay que añadir a 150 jueces que ya tienen la jubilación otorgada y podrían renunciar. De hecho 30 de ellos lo hicieron en las últimas dos semanas desde que se conoció el proyecto para reformar el régimen de jubilaciones.

En el caso de los fiscales, según datos de la Procuración General de la Nación, los cargos en todo el país son 350, de los cuales 115 están vacantes. A eso se suma que de los que están en actividad 36 tiene la jubilación otorgada y en las últimas dos semanas otros 21 presentaron su renuncia.

Si todos los que están en condiciones de renunciar lo hacen, más los cargos que hoy no están acusados, cerca de la mitad del Poder Judicial quedaría vacante.

Las dimisiones de jueces y fiscales fueron por lo que consideran una incertidumbre sobre sus haberes ante el proyecto de jubilaciones. Actualmente se retiran con el 82 por ciento móvil de su último sueldo. La iniciativa del gobierno fija que será con un promedio de los últimos 120 sueldos y con una fórmula a determinar. Los que ya tienen la jubilación prefieren irse con el actual régimen y no especular con un sistema que no les da garantías.

Y el problema, señalan en tribunales, ahora será cómo cubrir esas vacantes si no se puede llamar a jueces jubilados. “Un concurso puede durar dos años. En nuestro caso si no podemos llamar a jubilados vamos a tener problemas en varios lugares del país donde en 500 kilómetros hay un solo fiscal”, ejemplificó una fuente de la Procuración General ante la consulta de Infobae.

Pero en el Gobierno de Alberto Fernández le quitan dramatismo a la situación y creen que es más una suerte de amenaza que algo que en la realidad pueda impactar. Además, ya tienen un plan. “Administrar las renuncias”, le dijo a Infobae uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo que trabaja en el área judicial.

La aceptación de las renuncias corresponde al Gobierno. “Hasta que no es aceptada el juez o el fiscal no puede irse. Y si vemos que la salida puede complicar el funcionamiento vamos a administrar cuándo las aceptamos”, explicó el funcionario. Y puso un ejemplo: “Si hay ocho jueces penales que renunciaron antes de aceptarla completaremos los cargos vacantes y a medida que eso ocurra vamos a dejar ir a los que renunciaron».

De hecho, de los cerca de 30 jueces y los 21 fiscales que renunciaron en estas dos semanas solo se aceptó la renuncia de uno. Fue la del juez de instrucción Roberto Ponce.

De todos los cargos del Poder Judicial hay unos que tienen especial relevancia ante una renuncia. Son la de los jueces de los Tribunales Orales. Si un juicio que ya comenzó se queda sin magistrados se cae. La excepción es que en ese juicio se haya designado a un cuarto juez que pueda reemplazar al que se va. Eso ocurre en los juicios que son extensos para estar cubiertos ante la salida de un integrante.

Pero hay un caso especial. Es el del Tribunal Oral Federal 6, uno de los de Comodoro Py que juzgan casos de corrupción, que renunciados dos de sus integrantes: José Martínez Sobrino y Julio Panelo. Actualmente están juzgado al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime por presunto enriquecimiento ilícito. El tribunal tiene un cuarto integrante. Pero si se van Martínez Sobrino y Panelo solo quedan dos y no pueden continuar. Esos magistrados había acordado con la Cámara Federal de Casación Penal -su superior- que una vez que se acepten sus renuncias iban a ser convocados como jubilados para terminar el juicio. Con la nueva ley no podrán.

“En esos casos se buscará una alternativa. Por ejemplo, aceptar la renuncia pero que se haga efectiva cuando termine el juicio. Lo que sí esos jueces no podrán empezar a juzgar otras causas», explicó el funcionario del gobierno.

El debate en el Congreso sobre el régimen de jubilaciones provocó que la renuncia de jueces y fiscales pueda parar. Las asociaciones judiciales pidieron que se explicite en la ley que quiénes ya tienen la edad para jubilarse o iniciaron el trámite se retiren con el 82 por ciento móvil. Desde el oficialismo contestaron que eso no está en discusión y que no era necesario aclararlo.

“Recibimos consultas de fiscales que renunciaron por ese tema y pueden retirar la dimisión”, contó una fuente judicial. Desde el gobierno creen que eso puede frenar las salidas. “Con esa aclaración muchos van a optar por quedarse cobrando el sueldo completo por un tiempo más. Y tal vez trabajando a reglamento”, dijo risueño el funcionario.