Como se mencionó anteriormente, el Gobierno dispuso la intervención de Edesur por 180 días. Asimismo, el interventor será Jorge Ferraresi. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no tomará el control de la compañía, pero si fiscalizará las inversiones y por sobretodo la prestación del servicio.
Por su parte, desde el ministerio de Economía asegurarán que «esto no afectará el derecho de los accionistas», es decir que la titular de Edesur, ENEL no podrá recurrir al CIADI, tribunal que dirime las cuestiones jurídicas entre los Estados y las compañías privadas pare reclamarle por «incumplimiento de contrato». «Si tenemos seriedad jurídica no habría porque poner una denuncia en el CIADI».
En tanto, el ENRE aplicará sanciones millonarias a la compañía por los reiterados cortes de energía en medio de la ola de calor. Cabe destacar que hace unos días, ya se aplicó una multa por $1.200 millones de pesos, y a su vez esta nueva multa podría elevarse a $2.700 millones de pesos.
«En los últimos 15 días fueron constantes los cortes de luz que afectaron a casas y comerciantes. En ese sentido, la decisión de Enel de poner en venta Edesur genera incertidumbre», aseguraron desde el ministerio de Economía.
Asimismo, desde la cartera de Economía indicaron que «la intervención de Edesur tendrá como objetivo la fiscalización de obras y la prestación del servicio». «Lo de los últimos 15 días ya es intolerable», precisó Massa.
Mientras que la secretaria de Energía Flavia Royón informará al Mercado de Capitales cuáles fueron los incumplimientos de la empresa, mediante un informe preliminar que luego se girará al Congreso. Del mismo modo, esos $2.700 millones de pesos de multa se reintegrarán a los usuarios afectados.
Los inicios de Edesur
«Esto no afecta el derecho de los accionistas. Como se mencionó anteriormente, la intervención tendrá como objetivo fiscalizar inversiones y la calidad del servicio. No puede ser que un servicio básico como la energía eléctrica, se vea afectado por una compañía», cerró Massa.
En tanto, el informe del ENRE determinó dos fallos graves: el primero de ellos fue una subinversión que aún no fue estimada en términos monetarios por el equipo técnico, mientras que el otro fallo grave fue luego de que Enel se desprenda de Edesur.
Recordemos que Edesur brinda el servicio de energía eléctrica a más de 2 millones de hogares en el AMBA. Su zona de concesión abarca una superficie de 3.300 km2, abarcando el centro y sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Su red eléctrica tiene una extensión de 32.000 kilómetros, representando el 20% de la energía del país.
Vale decir que Edesur surgió como consecuencia de las privatizaciones en el Gobierno del entonces Presidente Carlos Menem en 1992, que a su vez es propiedad de Enel desde el año 2008. Asimismo, la compañía italiana, anunció en noviembre último que planeaba vender sus activos en varios países para reducir su deuda e iniciar el proceso de transición hacia un proceso de energías más limpias.
A su vez, dentro de esta desinversión esta incluida Edesur, y demás activos que posee en la Argentina, como las dos centrales térmicas Costanera y Dock Sud y la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía.
La decisión del ministerio de Economía
Desde el ministerio de Economía pensaban en tomar una medida drástica en relación a este tema. De hecho, el secretario de Economía del Conocimiento Ariel Sujarchuk dio declaraciones a Canal 9, y allí manifestó: «hablé con Sergio (Massa) a la vuelta de su viaje por Panamá. Se fue directo al ministerio, y uno de los temas que se tocó fue precisamente este y me dijo ‘así no va más'».
En tanto, por pedido de la secretaria de Energía Flavia Royón instruyó al ENRE a efectuar una denuncia penal a todo el directorio de Edesur por los delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona, como consecuencia de los cortes de energía en medio de la ola de calor.
Por último se le pidió al ENRE acelerar el informe del estado de concesión para ser elevado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Concesiones de Servicio Públicos, a fin de determinar si corresponde dar por terminada la concesión