Ya casi terminado el período ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredón, aparece un anteproyecto de pliego de concesión de servicios redactado a las apuradas, propiciando una nueva etapa privatizadora del Transporte Público de Pasajeros.
Si bien este anteproyecto aparenta tener algunos avances, el preproyecto poco explica cómo van a hacerlas cumplir, porque tampoco pudieron hacer cumplir las condiciones del contrato ya a punto de expirar.
Accesibilidad y trasbordo, que aparecen como profundos cambios, están montados sobre fundamentos tan ambiguos que parecen formulados para no ser cumplidos; sobre accesibilidad se plantea como “servicio especial” garantizado con una base del 30% de las unidades, ofreciendo como opción los fracasados elevadores ¿qué tiene de especial la accesibilidad en un transporte público? ¿Por qué razón se sigue
insistiendo en los elevadores que se comprobó en forma inequívoca que no sirven?. El sistema de trasbordo es un recurso estratégico de
integración territorial, sin embargo en el preproyecto de licitación se cita el trasbordo a secas. Batán, Estación Camet, Chapadmalal,
Felix U. Camet, Sierra de los Padres, etc. ¿están incluidos en el sistema de trasbordo?, ¿en qué áreas comerciales y productivas prestarán servicios?.
También este preproyecto claramente facilita que el servicio de transporte colectivo de pasajeros, caiga en un sistema monopólico donde las empresas “están obligadas” a formar una UTE y administrar recursos públicos.
Hay que ser claros, esto no es una concesión, es una privatización, que se pretende entregar a los mismos empresarios que fracasaron a la
hora de satisfacer las necesidades de los usuarios y las necesidades estratégicas de la ciudad.
Sorprende ver a Centrales de Trabajadores defender los subsidios que garantizan la rentabilidad empresarial, los mismos subsidios que son
objeto en sendas causas judiciales por estafa al fisco. Los subsidios son para beneficio de los usuarios y se pretende con fondos públicos
garantizar las ganancias al sector privado, si el Estado debe cubrir el déficit de las empresas privadas ¿por qué razón se niega que el Estado administre el servicio? Ya que el sector público pone el 100% del financiamiento del sistema de transporte (subsidio estatal y tarifa que paga el usuario) ¿por qué razón está en manos privadas?.
Los Defensores del Pueblo, en lugar de reclamar subsidios para empresarios ¿por qué no reclaman la aplicación de la Ordenanza 6979/87 que indica la creación de una Empresa Sociedad de Estado que administre el Transporte? para lograr de esta forma fomentar el servicio en zonas de la ciudad, marginadas de las políticas públicas ¿porque razón se quiere entregar fondos del Estado a los empresarios del Transporte?.
Los marplatenses y batanenses estamos frente a un claro conflicto de intereses. Desde distintos sectores se está reclamando el Ómnibus de
Piso Bajo y una Red Integrada de Transporte, para garantizar la accesibilidad universal y el desarrollo armónico de todo el Partido de
Gral. Pueyrredon y claramente la Ordenanza 6979/87, con la Empresa Sociedad de Estado, es el cambio de modelo de gestión que pone como
eje principal, las necesidades requeridas. Una nueva licitación, tal como está expuesta, que es una privatización encubierta, solo se va a
direccionar en función únicamente de los intereses económicos empresariales.
Pablo Aceto
Secretario General
Partido Socialista Auténtico Mar del Plata – Batan