La crisis económica agudizó los problemas para mantener la estructura de los gremios, con mucho personal y enormes gastos. La CGT está por recibir una ayuda adicional para el sistema de salud, mientras que en los recientes acuerdos para suspender trabajadores se pactaron aportes y sumas extraordinarias con las empresas.
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La pandemia económica está contagiando también al poder sindical. Muchos de los dirigentes más poderosos están al borde de un ataque de nervios por una crisis que está ocasionando la drástica caída de la recaudación mensual: con los números en rojo, se pone en riesgo el extenso andamiaje armado por los gremios y las obras sociales, que incluye abultadas plantillas de empleados, fuertes gastos de insumos y de mantenimiento, y costos altos para brindar atención médica a sus afiliados. “Después del Estado, los sindicatos somos el segundo empleador de la Argentina”, afirmó a Infobae un gremialista que, como nunca, hace malabarismos en las cuentas de su organización.
El mejor ejemplo de la inquietud sindical se produjo la semana pasada luego de que trascendió que la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, había decidido inscribirse en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Produccón (ATP), por el cual el Estado se hace cargo del pago de la mitad de los sueldos de las empresas en crisis.
No es para menos: la federación mercantil, que es la más numerosa del país, con 1.200.000 afiliados, debe sostener una estructura propia que incluye a unos 5.000 empleados en el sindicato y otros 3.000 en la obra social, Osecac, en todo el país, mientras la recaudación para el sistema sindical de salud de Comercio, que era de 2.000 millones de pesos mensuales, se redujo en un 50% desde marzo.
Algo similar le ocurre a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), cuyo titular, Gerardo Martínez, anticipó que estará en problemas para pagarles el sueldo a los 4.000 empleados de la obra social, Construir Salud, con una caída en la recaudación que ya llegó al 70%. La necesidad de ahorrar también obligó a Antonio Caló, líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a hacer un ajuste interno: bajó un 30% los sueldos de los dirigentes del gremio. Por algo Hugo Benítez, jefe de la Asociación Obrera Textil (AOT), admitió que “los sindicatos también somos pymes, y en algunos casos mucho más, y por eso necesitamos ayuda financiera y créditos porque si tenemos que acordar salarios a la baja durante tres o cuatro meses y los aportes son cada vez menos, se hará cuesta arriba mantener todo esto y no podremos pagar los sueldos”.
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¿Cómo es el esquema de recaudación que está colapsando con el parate económico? Las obras sociales se financian con una contribución a cargo del empleador equivalente al 6 % de la remuneración de los empleados en relación de dependencia y un aporte de los trabajadores del 3% de su sueldo. Y los sindicatos se sostienen gracias al cobro de la cuota de sus afiliados, de un promedio del 2% del salario del trabajador; las contribuciones patronales que se acuerdan con un fin específico en los convenios colectivos y, además, los “aportes solidarios” que se pactan en las algunas paritarias y que obligan a todos los trabajadores de una actividad a un aporte mensual a la organización gremial (una modalidad compulsiva de recaudación entre los que deciden no afiliarse y a la que la Corte le puso límites).
Una vez declarada la pandemia, la necesidad de contar con fondos que compensen el déficit (la recaudación del sistema de seguridad social de febrero fue de 34.000 millones de pesos) hizo que la CGT reclamara al presidente Alberto Fernández una ayuda adicional para las obras sociales sindicales. La plata que quiere la central obrera asciende a 45.000 millones de pesos en tres cuotas, que se repartirán para cubrir exactamente la pérdida de aportes de cada entidad según los registros que tenga la AFIP. El ministro de Salud, Ginés González García, ya confirmó que el auxilio estatal será a través de un DNU, pero esa promesa ya cumplió diez días.
La otra vía de financiación que aliviará al gremialismo se logró gracias a los acuerdos por suspensiones del personal sin tareas que se firmaron en los últimos días, luego de lo pactado entre la UIA y la CGT. Varios sindicatos lograron así que parte de los aportes perdidos se recuperen por un cierto período a través de contribuciones de las empresas e incluso de los propios trabajadores suspendidos.
La UOM, por ejemplo, consiguió que se contemplara en su acuerdo que las empresas pagarán las contribuciones para la obra social que prevé la ley y, además, una “contribución excepcional” de 80 pesos por cada trabajador que también se destinará a “afrontar los mayores costos derivados de la atención de la salud en el marco de la emergencia sanitaria”.
En el caso de los sindicatos petroleros, la asignación económica que recibirá el personal suspendido de los yacimientos (equivalente al 60% del salario) estará sujeta al pago de las contribuciones para la obra social e incluso en un acta adicional los empresarios también se comprometieron a abonar 10.000 pesos por cada trabajador, en dos cuotas, para financiar el sistema de salud.
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Los acuerdos que está por firmar el Sindicato de Comercio con los empresarios garantizan no sólo “la tributación de aportes y contribuciones con destino a la obra social”, sino también “el aporte establecido en el artículo 9 del acuerdo paritario del sector correspondiente al año 2019”, que se trata de una suma “extraordinaria” de 100 pesos por afiliado para Osecac. Como se calcula que los empleados suspendidos serán aproximadamente 800.000, sólo por este último punto llegarían a la obra social mercantil 80 millones de pesos adicionales en abril y otros 80 millones de pesos en mayo, que sería inicialmente la vigencia de lo pactado.
En esa misma cláusula del acuerdo figuran los aportes y contribuciones que surgen de dos artículos del convenio colectivo 130/75, que no es otra cosa que la cuota sindical del 2% que se descuenta a los trabajadores afiliados, y, además, se menciona “el acta acuerdo del 8 de abril del 2008 homologada por resolución Nro. 600/2008 a favor del INACAP”, que es la contribución a cargo de los empleadores para financiar el Instituto Nacional de Capacitación Profesional y Tecnológica para Empleados de Comercio: por cada trabajador, las empresas aportarán el equivalente al 0,5% del salario inicial de la categoría Maestranza A determinado en el convenio, que actualmente es de unos 35.000 pesos. Por este concepto, el sindicato recaudaría unos 140 millones de pesos adicionales por 60 días.
Por su parte, el acuerdo que alcanzaron la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA), que encabeza Luis Barrionuevo, y las cámaras del sector establece que a cada trabajador suspendido se le descontará un 8,5% de la suma que perciba (equivalente al 75% del salario) durante dos meses. Ese porcentaje incluye un 3% para la obra social, un 2,5% por cuota sindical a los afiliados, un 2% de “contribución solidaria sindical” a cargo de todos los trabajadores de la actividad no afiliados y un 1% de los seguros previstos por el articulo 23.3 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04, que será para financiar las asignaciones por fallecimiento y por sepelio. El sector empleador aportará, a su vez, el 6% para la obra social y el 1% del seguro de vida por cada trabajador.
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El propio Barrionuevo afirmó que estos acuerdos alcanzarán al 90 por ciento de los casi 300.000 trabajadores de su actividad, aunque el alivio adicional que recibirán su sindicato y la obra social mediante este acuerdo durará sólo 60 días. ¿Qué pasará después? Tras la cuarentena, ¿la gente volverá a los bares y restaurantes? ¿O el miedo a contagiarse los mantendrá vacíos? ¿Y cuántos podrán ir a comer afuera en un contexto de bolsillos raquíticos y una economía en caída libre? El propio jefe de los gastronómicos auguró “un achique total” en el sector. Y precisó: “Nosotros tenemos 45.000 empresas, de las cuales quedarán en pie 25.000. Hay 20.000 que van a la lona”.
Por eso el sindicalismo tambalea: toda solución parece escasa y, sobre todo, temporaria. La potencia y la duración de la megacrisis económica signará los límites de su poder. Y algunos dirigentes podrán hacer ajustes en sus gastos (con lo paradójico que sería que un gremio tenga que despedir empleados), pero es muy difícil imaginar ahorros en un sistema de obras sociales que hoy le brinda prestaciones médicas a 14 millones de afiliados y que estará saturado cuando atienda la oleada de contagios por el COVID-19.
Dilemas decisivos para una corporación que alguna vez fue la columna vertebral del peronismo y que hoy, justo durante un gobierno de ese mismo signo político, se resiste a convertirse en mero espectador de cómo la peor crisis de su historia puede romperle el espinazo.