El sector está paralizado. Sin presupuesto y a la espera del arreglo de la deuda, las transferencias de capital de Nación a los distritos cayeron y no hay nuevas licitaciones. La inversión real directa en enero cayó 98% y crece el reclamo de los gobernadores y la UOCRA.
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“La relación con la Nación es fluida, educada, pero nada más. Hay mucha amabilidad pero no hay un peso”, explica un ministro de Economía provincial que suele viajar a Buenos Aires para ver si destraba fondos que le permitan poner en marcha programas de obra pública. “No hay nada firmado, no nos bajan fondos. Lo único que se mueve bien es la inflación, el resto no”, agregó.
Este esquema se repite en buena parte de los distritos, por lo que ya comenzaron a llegar a las oficinas del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, reclamos de los gobernadores que avisan que el año “ya arrancó”.
“Hasta ahora los gobernadores solo presentaron reclamos verbales, pero no se puede esperar hasta mitad del 2020 para poder empezar, se están perdiendo puestos de trabajo muy rápido, lo que está generando otro problema adicional”, agregó el ministro.
La estimación en el sector privado es que en total hay aproximadamente 360.000 trabajadores en la construcción. Y que en los últimos tres meses ya se perdieron 25.000 puestos de trabajo en la construcción. “Aproximadamente estamos en ese número. No se ha movido ni una piedra”, señaló un empresario del sector que suele transitar los pasillos del poder. “Sabemos que hasta que no se llegue a una solución con la deuda no vamos a tener absolutamente nada. Por lo menos es lo que nos transmitieron hasta ahora y es lo que nos queda claro porque no hay presupuesto. Pero la situación es acuciante”, dijo a Infobae.
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El parate generalizado se observa claramente en la ejecución presupuestaria de enero de 2020. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ejecución del gasto total devengado fue sólo 8% comparado con lo que era el presupuesto 2019. Pero como no hay Presupuesto 2020 y considerando la inflación del último año, esto significa una caída en términos reales de dos puntos.
El mismo trabajo señala que el ítem de gasto de capital –inversión directa en obra pública– durante enero significó una ejecución $3.178 millones. Esta cifra significó una caída de más de 62% “originada en una caída en todos los componentes: la inversión real directa cayó 98,5%, las transferencias de capital 46,6% y la inversión financiera 19,5 por ciento”.
En el gremio de la construcción la paciencia parece estar llegando al límite. Mientras la UOCRA nacional sigue de cerca y conversa con la Casa Rosada, en las provincias la discusión empieza a tomar mayor velocidad.
Según el análisis que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso en enero sólo se ejecutaron $3.178 millones de inversión directa en obra pública. Esta cifra significó una caída de más de 62% contra enero de 2019 que se originó en una caída en todos los componentes, donde “la inversión real directa cayó 98,5%, las transferencias de capital 46,6% y la inversión financiera 19,5 por ciento”.
En la provincia de Santa Fe el gremio ya le adelantó a la nueva gestión que si no hay una pronta solución, se encaminan a una medida de fuerza que terminaría de paralizar la escasa obra pública y la totalidad de la privada. El reclamo comienza a repetirse en cada una de las delegaciones de la UOCRA.
Relevamiento
El Ministerio de Obras Públicas creó la Unidad Belgrano-Norte Grande, que buscará “mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de las regiones NEA y NOA”, mediante “la ampliación, rehabilitación y mejora de redes viales provinciales que conectan centros de producción con mercados locales y externos”.
Por lo menos así quedó establecido en la Resolución 5/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial que llegó acompañada por la Resolución 6/2020 donde la cartera de Katopodis crea también Unidad de Articulación Territorial, que participará en el relevamiento de las necesidades de obra pública a nivel nacional, provincial y municipal, y actuará como nexo interjurisdiccional en las políticas de infraestructura social que será comandada por Lauro Manuel Marcelo Grande.
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La unidad ejecutora impulsará asimismo el desarrollo de obras de infraestructura de protección de inundaciones, drenajes urbanos y efectos del cambio climático; y desarrollará obras en municipios con necesidades básicas insatisfechas, informó Télam. A tales fines se ejecutarán programas de infraestructura con financiamiento externo (multilateral o bilateral), “con la finalidad de compensar las asimetrías de inversión en obra pública en desmedro de la región”.