En el día de ayer, el Gobierno envió al Congreso la Ley Ómnibus, la cuál suspende la actual Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo tanto los aumentos a las jubilaciones y pensiones será vía decreto. De todas formas, los incrementos serán para aquellos haberes mínimos.
Esto figura en el proyecto de Ley, que a su vez declara la Emergencia Previsional hasta el 31 de diciembre del 2025.
Del mismo modo, este mega proyecto de Ley establece que dicho plazo podrá ser prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2027. Asimismo, le deja la puerta abierta al Ejecutivo para que se introduzcan otros cambios o reformas más amplias en base a la delegación de facultades que el Congreso está haciendo en favor del Ejecutivo e incluso «se van a aplicar a todas aquellas disposiciones que se dicten posteriormente y hagan referencia expresa a la emergencia pública declarada».
Por otro lado, en este proyecto no se determina cómo van a aumentar las otras prestaciones sociales, que hasta ahora se ajustaban cada tres meses, debido a la fórmula de movilidad, como por ejemplo las pensiones no contributivas, AUH y asignaciones familiares, abarcando a 17 millones de personas.
Si se toma en cuenta esto, las suspensión de la actual fórmula de movilidad, también los aumentos de estas prestaciones están sujetos a un decreto. De todas maneras, esta «mega Ley» no fija con que criterios y periodicidad se otorgarán esos aumentos por decreto y si deben ser superiores a los que resultarían de la movilidad suspendida.
Así, esta «mega Ley» deja en manos del Poder Ejecutivo aprobar una nueva fórmula de movilidad sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, las fórmulas que implementaron los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández se discutieron en el Parlamento.
Aumentos para los haberes mínimos
En contraste, estos aumentos abarcan a los haberes mínimos, excluyendo a aquellos/as que perciben un poco más que la prestación mínima; «beneficiase a los haberes mínimos». De hecho, en la gestión de Alberto Fernández se criticaron estas medidas por las asociaciones de jubilados, abogados previsionalistas y la oposición.
Vale decir que los jubilados y pensionados del Sistema Previsional Nacional suman casi 6 millones de personas. Entre tanto, los beneficiarios/as del SIPA tienen haberes iguales o menores a un haber mínimo. El otro 23% entre una y dos mínimas y el 37% restante, concentró haberes iguales o mayores a dos haberes mínimos. A diciembre, el haber mínimo llegó a $105.713 brutos (sin bonos). La Pensión al Adulto Mayor (PUAM) es de $84.570 y el haber medio llega a $174.731, todos ellos sin bono.
Cabe destacar que los aumentos que se otorgaron durante los Gobiernos de Macri y Fernández fueron inferiores a la inflación. Es decir que la pérdida del poder adquisitivo desde septiembre del 2017 a diciembre del 2023 es de un 40%, con una pérdida menor para las prestaciones mínimas, como consecuencia de los bonos. Del mismo modo, el último bono fue de $55.000 que se cobró en diciembre.
Por último, teniendo como referencia variables (salarios y recaudación) de meses atrás, en un contexto de alta inflación, la movilidad pierde ante el aumento de los precios. Mientras que si la inflación baja, los jubilados/as recuperan poder adquisitivo. La suspensión indefinida de la fórmula de movilidad apunta al segundo escenario y a desindexar las prestaciones sociales.