
Mendoza marcará un hito en la historia de la lucha contra la corrupción: será la primera provincia argentina que juzgue delitos de corrupción bajo la Ley de Extinción de Dominio. Será por la causa de la Tupac Amaru.
La causa en la que se investiga el supuesto manejo fraudulento de los fondos destinados a construir viviendas por parte de la cooperativa Tupac Amaru ya llegó al fuero Civil, con el objetivo de incautar los bienes entre los que se incluyen varios vehículos.
Si bien los embargos fueron concretados hace un tiempo y lo secuestrado está en manos de la Justicia, las causas ya se enviaron al fuero Civil, donde se llevará a cabo el proceso para que se pierda la propiedad sobre esos bienes y pasen a manos del Estado, que podrá subastarlos.
Se estima que las causas por corrupción que se enmarcarán bajo la Ley de Extinción de Dominio en Mendoza serían al menos cinco en el corto plazo. La que pesa sobre el ex intendente Luis Lobos, que ya fue condenado por fraude, sería la próxima en llegar a esta instancia.
La Ley 9151 de Extinción de Dominio, que modificó el Código Procesal Civil de Mendoza y la Ley del Ministerio Público Fiscal, habilita a que haya procesos en simultáneo y a poder incautar bienes incluso antes de la sentencia penal, si es que no pudieran demostrar cuál es el origen de los fondos con los que fueron adquiridos.
En el caso de Mendoza, lo incautado por esto se destinará a la reparación y construcción de escuelas. Esto incluye objetos, dineros, derechos y otros activos que se encuentren en poder de quienes sean investigados por la comisión de los delitos de competencia de la Justicia provincial. Cabe aclarar que se excluye el narcotráfico por ser de índole federal.
Consultado el senador Marcelo Rubio, recordó: “Habíamos aprobado ya la extinción de dominio, por una propuesta del Poder Ejecutivo provincial, sabiendo además lo que significa, por este gran debate que se abrió a escala nacional a partir del decreto presidencial de Macri, en el cual la idea era que todos los bienes obtenidos de la corrupción y de ciertos delitos que están enumerados en la misma ley fueran restituidos al Estado por medio de este procedimiento especial”.