En la primera instancia los únicos acusados son los religiosos Horacio Corbacho, Nicola Corradi un ex empleado del edificio, Armando Gómez. Los abogados querellantes de la causa acusan poca colaboración de la iglesia.
La reputación del instituto religioso para chicos sordos e hipoacusicos, Antonio Provolo, ubicado en Boedo 385 de Luján de Cuyo, se vio manchada a partir del 25 de noviembre de 2016 cuando un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal 10 de Maipu se presentó en la sede alrededor de las 19:30.
Fue a raiz de una primera denuncia que la justicia provincial quedó alertada e inició las investigaciones pertinentes sobre posibles delitos de abuso sexual y corrupción de menores sordos. Pasaron dos años y ocho meses de la tarde de noviembre de 2016 y tras una minuciosa investigación que tuvo allanamientos e inspecciones, Cámaras Gesell y testimoniales, se llegó a dar con los acusados de las aberrantes vejaciones.
El caso tiene 14 acusados, 13 imputados y un condenado. En cuanto a las víctimas, el conteo es de 20,quienes prestaron declaraciones desde 2016.
Los tres imputados son los curas Nicola Bruno Corradi (83) y Horacio Hugo Corbacho (59), también un ex administrativo y jardinero, Armando Gómez (49). La sumatoria de los delitos entre los tres sujetos llega 28,16 de ellos se le atribuyen a Corbacho, seis a Corradi y otros seis a Gómez, éste último con discapacidad auditiva. Otro de los scusados es un ex monaguillo quién ya está condenado y otro ex administrativo que fue declarado inimputable.
El bonaerense Corbacho ya se encuentra detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer y recaen sobre el las acusaciones mas atroces e inhumanas. Los ex alumnos lo identificaron por medio de lengua de señas como «el de la seña de dos dedos en la frente por arriba de la ceja».
De las dieciséis imputaciones que recibió el mas joven de los religiosos, ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones), la otra restante es por tentativa de abuso sexual. Por abusos sexuales simples, en su mayoría tocamientos, el cura tuene cuatro imputaciones, mientras que como autor de abuso sexual agravado y como partícipe de otros hechos suma una imputación mas por cada episodio. La acusación restante es por corrupción de menores, ya que los obligaba a ver videos y revistas con contenido explícito de pornografía.
En tanto el italiano Corradi Soliman espera el juicio en la modalidad de prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad. Cuenta con 6 imputaciones por parte del Ministerio Público Fiscal. Las víctimas lo identificaron como «dos dedos en el cuello como un revólver» en lengua de señas. Las imputaciones del sacerdote son por ser partícipe de abuso sexual agravado y otros episodios de corrupción de menores. Además el fiscal Gustavo Stroppiana lo imputó por un hecho de abuso sexual agravado y un abuso en tentativa.
Armando Gómez, alias Pilo, nacido en Mendoza fue identificado por las víctimas con «la seña del teléfono en la oreja», también se encuentra detenido en Boulogne Sur Mer. Es hipoacusico y se le atribuyen seis imputaciones, entre ellas, abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. También suma una imputación por abuso sexual agravado y otra por abuso sexual simple.
El ex monaguillo Jorge Luis Bordón de 63 años, chubutense, el de la seña de «panza abultada» reconoció ser el autor de 12 hechos por los que fue imputado, entre ellos tres violaciones, dos de abuso sexual agravado, cinco tocamientos y dos de corrupción de menores. Recibió la pena de 10 años de prisión.
El único declarado inimputable es un ex administrativo que es sordo y tiene discapacidad mental. El hombre llegó desde La Plata con Corradi y en sus declaraciones afirmó que sufría abusos por parte del sacerdote desde pequeño.
En los procedimientos de Cámara Gesell, las víctimas señalaron que sufrieron golpes y maltratos físicos cuando tenían entre 5 y 16 años al momento de pasar por los aberrantes episosdios.
Cuando la causa trascendió del plano local, se reabrió una anterior en Italia y se conocieron episodios similares en el instituto que cuenta con otra sede en La Plata, en ambas, Corradi estuvo involucrado.
Durante los allanamientos en el predio escolar, se encontró una bombacha infantil con restos de semen, y a través de un exámen genético se determinó que el ADN pertenece a un ex administrativo que por disposición judicial no se dio a conocer su identidad.
Por su parte, los abogados querellantes de la causa Sergio Salinas y Oscar Barrera denunciaron poca colaboración de la iglesia.
De forma paralela a la investigación penal, la Santa Sede inició su propia investigación canónica, designando a los curas Dante Simón y Juan Martínez como encargados. Del avance de esta causa no se conoce información y tampoco aportó a la causa penal. Desde el Ministerio Público Fiscal analizan pedirle al Papa la apertura de los archivos y pruebas.