El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural aseguró que se está «trabajando para que haya una ley reparatoria» que habilite la indemnización a familiares de soldados muertos en enfrentamientos con grupos armados durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976).
Avruj señalo que desde la decada del noventa, el Estado ha pagado una cifra «cercana a los 30.000 millones de pesos a valor actualizado» en indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado.
«Tenemos que recordar que hay leyes desde 1991 desde la época del gobierno de Carlos Menem», apuntó en una entrevista que publica hoy el diario Clarín.
Además tildó como «una exageración» que durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se dictara una ley para el «resarcimiento económico a todos aquellos que demuestren haber sido privados de libertad desde 1975 hasta 1983, por cualquier causa política».
«Yo creo que es legítimo el reclamo de que aquellos que murieron defendiendo la Patria, la institucionalidad, estando bajo el régimen de la ley obligatoria del servicio militar, debían recibir una reparación del Estado», aseguró Avurj
El funcionario aludió al caso de Jovina Luna, hermana de un conscripto muerto en un ataque de un comando del grupo Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, que reclama el pago de un resarcimiento a los soldados muertos en esas acciones.
El ataque fue perpetrado el 5 de octubre de 1975 y en ese enfrentamiento murieron una docena de militares, entre ellos Hermindo Luna y nueve montoneros, que formaban parte de la que llamaron operación Primicia
Tal operación incluyó el secuestro del vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas, con 102 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, en el copamiento del Aeropuerto El Pucú, además del ataque al cuartel en Formosa.
En esos años hubo diversos ataques realizados por Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo armado guevarista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que actuaban a veces en forma conjunta y fueron declaradas ilegales por el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, que además ordenó a las Fuerzas Armadas que los combata.
Avruj sostuvo que «es legítimo, que cuando se confronta que los que recibieron sumas cuantiosas son aquellos que no por un ideal de respeto a los derechos humanos, se levantaron contra el orden constitucional, porque era el Gobierno de Isabel Perón.
No fue durante la dictadura militar, fue en democracia y fue contra el orden constitucional».
Por ello, se está «trabajando ahora para que haya una ley reparatoria» en base a un proyecto del diputado Mario Arce que se esperamos «tenerlo cuanto antes» para proponerlo al Congreso.