Jaquelina Balangione señaló que el nuevo reglamento general para el uso de armas de fuego por parte de la Policía Federal «es anticonstitucional y se convierte en una herramienta normativa muy peligrosa e innecesaria».
La defensora provincial Jaquelina Balangione cuestionó con dureza el nuevo reglamento general que, impulsador por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, permite a las fuerzas federales usar armas letales con los delincuentes y aseguró que «es inconstitucional y lo único que traerá es más violencia»
La resolución 956/2018 firmada por Bullrich dispone que, en cumplimiento de su deber, las fuerzas federales podrán utilizar armas de fuego «cuando resulten ineficaces otros medios no violentos».
En declaraciones al programa «Procopio 830″, que se emite por La Ocho, Ballangione aseguró que «comprende la posición de la gente de avalar este protocolo, porque es la que vive en sociedad y actualmente se registran muchos hechos de inseguridad».
Asimismo, explicó: «Lo que sucede es que la comunicación masiva y la propaganda por parte de sectores políticos con fines electoralistas o un populismo punitivo, hacen creer a la gente que si aumentamos las penas, que agravamos los delitos, llenamos cada vez más las cárceles y ahora les damos bandera libre a los policías y queda solamente a su criterio si dispara o no pero avalado por una norma que le dice ‘ante la duda podés disparar’, no estamos solucionando nada porque esto va a traer más violencia, más enfrentamientos con la policía y mayor cantidad de casos de abuso policial, que son muchísimos».
Ballangione aclaró que Bullrich «no puede decir que los policías que disparen no van a ser juzgados», y agregó: «Eso lo van a decidir los jueces. Vivimos en un estado de derecho donde los que deciden son los jueces».
«Lo que me parece preocupante es que esto es un protocolo para el uso de la fuerza. Sabemos que la policía es el brazo armado del Estado. Si tiene armas, es porque la pueden usar, pero en determinadas situaciones. Este protocolo, a mi modo de ver, es para mí una herramienta normativa muy peligrosa e innecesaria, porque la policía puede usar armas en situaciones acotadas», señaló la defensora provincial.
«Esto genera como una subversión en el orden legislativo. Porque un decreto o un reglamento que está plasmado en un cuerpo legal que es inferior a la ley y a la Constitución no se puede modificar», agregó.
En ese sentido, planteó que el protocolo «no pasa los filtros de constitucionalidad y menos los de convencionalidad porque vulnera los estándares establecidos en todos los tratados y convenciones de derechos humanos, además del principio de garantías de nuestra Constitución».
También comentó que «este protocolo no agrega nada y libera la posibilidad del uso del arma que va a quedar al criterio discrecional de la policía. Aunque no le dé la voz de alto, aunque incluso tenga un arma de juguete pueda disparar. Eso es adelantar la pena y llegar a la consagración de la pena de muerte potencialmente».
«Lo que me preocupa es el valor comunicativo, es decirle al policía ‘dale, levantamos la barrera y se puede’. Y esto va a traer una repercusión negativa en la sociedad porque va a generar más enfrentamientos y la posibilidad de que paguen justos por pecadores», concluyó Ballagione.