La Secretaría de Seguridad Social confirmó el uso del Ripte para calcular el haber inicial y advirtió que el indicador que emplean en la Justicia, el Isbic, «atenta contra la sustentabilidad del sistema». El máximo tribunal definiría este mes.
La Corte Suprema definiría este mes la suerte de unos 150 000 jubilados que reclaman una actualización de haberes en la Justicia. Con un fallo testigo, el «caso Blanco«, deberá validar o rechazar el cálculo que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para pagar sentencias y actualización de ingresos.
El Gobierno, consciente de que la decisión del máximo tribunal puede poner en riesgo las cuentas públicas, salió a marcar la cancha con una resolución oficial.
La Resolución es la 1/2018, la primera que en todo el año emitió la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. «Ratifícase que las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de beneficios con altas anteriores al 1° de agosto de 2016, a los efectos de los cálculos previstos (…) deben actualizarse conforme al índice aprobado por la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N°6 de fecha 18 de julio de 2016 y la Resolución de ANSES N°56 de fecha 3 de abril de 2018», se lee. En esas normas, ANSES definió usar el Ripte para pagar sentencias por actualización de haberes previas a la sanción de la ley de Reparación Histórica.
De fondo subyace la pugna en la Justicia por el índice de actualización con el que se pagan sentencias a jubilados.
Existen dos: el Ripte, o Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, es el que usa la ANSES para calcular haberes iniciales y efectuar el recálculo de ingresos desde la sanción de la Reparación Histórica y el que pretende usar también para los casos anteriores a esa ley.
La mayoría de las sentencias de la Cámara de la Seguridad Social, sin embargo, valida el pago de sentencias con otro indicador salarial, el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción o Isbic.
Si bien los especialistas remarcan que el cálculo para cada jubilado es único, coinciden en que entre uno y otro índice puede haber diferencias de entre 30 y 50 por ciento en los haberes, a favor del Isbic. Eso impactará también en el pago de los retroactivos.
Esto es lo que definirá la Corte Suprema antes de fin de año, con el caso Luis Orlando Blanco como testigo. Blanco se jubiló en 2003, hizo un juicio por actualización de haberes y ahora discute la fórmula de pago, en una causa que llegó al máximo tribunal por un recurso extraordinario que solicitó la ANSES luego de que la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social fallara a favor del jubilado.
Según el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, en el caso de su cliente la diferencia entre un índice y otro es de 13 puntos. Blanco, al jubilarse, percibió el 41% de su salario como trabajador activo. Con el Ripte, pasaría a cobrar 46%. Pero con ISBIC llegaría al 59% de su sueldo. «Su haber se duplicaría», afirmó el letrado.
Según fuentes judiciales, el expediente «Blanco» ya pasó por las cinco vocalías. Es decir: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda ya tendrían posición fijada. La balanza se inclinaría a favor de ratificar el fallo a favor de Blanco y en contra de la ANSES.
¿Qué puede ocurrir? Si la ANSES gana, podrá aplicar Ripte para pagar las sentencias y actualizar haberes. Si pierde, el caso podría restringirse a Blanco y cada jubilado debería hacer un reclamo individual con este antecedente. El pago de sentencias le insumiría al ente previsional al menos 15 000 millones de pesos, según abogados previsionalistas. Por eso el fallo inquieta al Gobierno, en tiempos de búsqueda de déficit 0.
En ese contexto, la Secretaría de Seguridad Social emitió su resolución, en la que los considerandos dicen más de lo que, efectivamente, se resuelve.
«El Informe elaborado por la Dirección de Programación Económica de esta Secretaría en Junio de 2018 respecto del Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria y la Construcción –Isbic-, señaló que el mismo es un indicador que atenta contra la armonía que un sistema de Previsión Social debe tener, dado que sus variaciones se alejan de las del salario promedio, arrojando resultados distorsivos», se lee.
«Los ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) provienen del aporte de todos los sectores, por lo que efectuar actualizaciones a los beneficios previsionales con índices sectoriales, que arrojan resultados injustificadamente superiores a los del promedio de los salarios, atenta contra la sustentabilidad del sistema«, agregó el Gobierno. «Ello evidencia que la utilización del ISBIC no resulta adecuada a los efectos de mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos», argumentó.
Según fuentes de ANSES, la resolución fue acompañada por un informe técnico de más de 300 fojas, que llegará a las oficinas de los ministros de la Corte. «Puede haber una distorsión tal que haga que un jubilado gante más que un trabajador de esa actividad», advirtieron en el organismo que dirige Emilio Basavilbaso. «Además, habrá una distorsión a futuro; el Ripte es el promedio de todos los salarios del sistema; con Isbic, que es más volátil, hay momentos en que el cálculo daría muy por arriba y sería desproporcionado con los aportes», agregaron.
Del otro lado, abogados previsionalistas argumentan que ANSES no puede usar una ley de 2016 para pagar expedientes previos a la sanción de la ley.
«No creo que procesalmente vaya a cambiar la situación del expediente», dijo Greizerstein, el abogado de Blanco, a TN.com.ar. «Al contestar sobre la Resolución 56 del 3 de abril, (la que dispone que ANSES usaría el Ripte para pagar sentencias), ya mostré el perjuicio de mi cliente», agregó. «Si la intención de la ANSES es volver a presentarse ante la Corte, no sería procesalmente correcto, sería un abuso», sostuvo.
La última palabra la tendrá la Corte Suprema. Según supo TN.com.ar, los jueces buscan establecer esta semana una grilla de fallos a tratar de aquí a fin de año.
Lo anticipó el juez Rosatti en una serie de entrevistas que dio el fin de semana. «La idea, en pos de la transparencia y la celeridad, es generar el año próximo una agenda. Pero se está trabajando en lograr para estas dos últimas semanas del año, si se logra una mayoría, poder expresar cuáles serían los fallos trascendentes que estarán a disposición de la sociedad», le dijo a Página/12.
De prosperar esa iniciativa, ingresarían al calendario expedientes muy sensibles, como el impuesto a las Ganancias para jueces, cuestiones salariales de fuerzas de seguridad, el dos por uno para delitos de lesa humanidad y la reapertura de la causa de la tragedia del colegio Ecos, entre otros.
En ese esquema, el caso Blanco entraría en cuenta regresiva, con el martes 20 de noviembre remarcado con un círculo rojo en el almanaque.