Así lo resolvió el fiscal de La Plata, Carlos Romero, por los delitos de «coacción agravada» e «incitación a la violencia» en el marco del conflicto de los trabajadores del Astillero Río Santiago.
En tal sentido, el fiscal señaló que el 18 de septiembre último los gremialistas «intentaron coaccionar» al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, para la concreción de una reunión que había sido previamente concertada.
Y, sostuvo que «abusando de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron» los sindicalistas incitaron a los trabajadores «a que ocupen violentamente las instalaciones de Hacienda» en La Plata.
En el interior del Ministerio, agregó, «provocaron daños de distinto tipo contra el patrimonio público», impidiendo su labor a funcionarios, «interrumpiendo por completo la actividad ministerial, con el consiguiente perjuicio para el erario público».
Además, señaló que está documentado el momento en el que De Isasi y Banegas, entre otros, «ingresaron forzando el portón de acceso a las instalaciones del Ministerio de Hacienda».
El fiscal encuadró los hechos «prima facie» en los delitos de «coacción agravada», como también «incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad».
En ese marco, imputó a Banegas y De Isasi como «dos de los autores penalmente responsables» de tales delitos.
El fiscal dejó en claro además que «no se trata de desconocer el derecho de reunión, petición o protesta» y agregó que «es hora de impedir que bajo su manto sagrado se continúen legitimando acciones criminales de distinta gravedad».
