Las máximas autoridades del poder judicial expresaron su disconformidad con la reforma de las jubilaciones de privilegio.

Los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales hicieron pública su preocupación con la iniciativa.

Luego del reclamo de los jueces de todo el país, los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina también rechazaron el proyecto del gobierno nacional para reformar las jubilaciones de privilegio.

Si bien desde la Junta entienden “la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país”, y la necesidad de “adoptar medidas urgentes y reformas institucionales trascendentes”, el proyecto del Poder Ejecutivo ha sido elaborado sin consultarlos. Además, aseguraron que esos sueldos y jubilaciones no son de privilegio.

“Sin efectuar ponderación alguna sobre el actual texto del proyecto que el Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso para su tratamiento –tarea que seguramente merecerá su debido examen y estudio en profundidad en la próxima reunión de esta Junta, convocada para el lunes dos de marzo– estimamos prudente en este estadio, expresar nuestra profunda preocupación, dado que precisamente los operadores de este régimen -de singulares y únicas características acorde a la función constitucional que desempeñamos- no hemos sido convocados ni escuchados con antelación, cuestión que lejos de entorpecer las reformas que fueren necesarias, contribuiría a la construcción de ámbitos de consenso y a la búsqueda de soluciones eficaces”, señalaron en un comunicado.

En marzo, la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior que fue enviado por el Poder Ejecutivo.

Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.

En este sentido, la Junta conformada por las máximas autoridades del Poder Judicial abogaron por una solución consensuada a esta situación.

“Convencidos de que es a partir del diálogo y de la búsqueda de espacios comunes, la manera en la que todos los poderes del Estado pueden servir mejor a sus propósitos, desarrollando un espíritu crítico y fomentando propuestas que contribuyan a los cambios que resulten necesarios, esperamos poder tomar adecuada intervención, ya que en el marco de un estado democrático de derecho es a través de la participación de la mayor cantidad de involucrados la que garantiza soluciones justas y la vigencia de los valores de paz y solidaridad a los que aspiramos”, concluyeron.

Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años –hoy es de 60 años–: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.