El Ente de Comunicaciones habilitó a las empresas prestadoras a aplicar aumentos en los precios de telefonía, internet y cable a partir del primero de julio
Los licenciatarios de servicios de telefonía, cable e internet podrán aumentar los precios de sus servicios a a partir de este mes. Así lo autorizó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en una resolución que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
De esta manera, los proveedores podrán aplicar aumentos de hasta un 5 por ciento en el valor de los precios minoristas en cualquier plan vigente; tomando como referencia los precios actuales y autorizados.
No obstante, la disposición será solo para los prestadores que hayan cumplido con las resoluciones anteriores de la entidad nacional. Esto dejaría fuera de juego a empresas como Cablevisión Fibertel de Grupo Clarín, que en enero de este año fue intimada a devolver un aumento que superó lo establecido por Enacom (algo que no sucedió); y además anunció aumentos no autorizados para junio.
Al respecto, la resolución también determina que cualquier aumento que supere los valores expresamente autorizados, deberá reintegrarse a los usuarios en la próxima factura; con actualización e intereses sujetos a la misma tasa que aplican a sus clientes por mora en el pago del servicio.
Chau DNU, hola aumentos
La reciente autorización se suma a la que el Ente estableció a fines de febrero de este año para habilitar un incremento del 7,5 por ciento y un 2,5 por ciento adicional en febrero y marzo para las empresas de telefonía celular; y un 5 a un 7 por ciento de aumento en marzo para los servicios de TV paga, internet y telefonía fija.
Este cuadro tarifario se anunció luego de que la justicia suspendiera el pasado mes de mayo la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaraba a los servicios públicos como esenciales y congelaba los precios de los servicios de comunicaciones como telefonía celular, internet, telefonía fija y TV paga.
El argumento que se sostuvo para la suspensión fue que la aplicación de la normativa nacional intervenía y dificultaba la prestación de los servicios en condiciones de competencia.
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