Funcionarios y abogados coincidieron en que la norma no posee un esquema de capacitaciones ni de sanciones para quiene controlan el ingreso a los establecimientos. Sólo 11 de las 24 jurisdicciones del país adhirieron a la ley.
La ley nacional que regula «el derecho de admisión» en eventos y espectáculos «no establece un esquema de capacitaciones ni sanciones» al personal a cargo, coincidieron funcionarios y abogados, que denunciaron los actos discriminatorios que ocurren en los ingresos a los boliches, como el reciente de una joven trans en una discoteca porteña.
«La 26.370 es una norma que tiene problemas de actualización y de origen porque fue redactada de una manera que no favoreció la adhesión provincial porque es incompleta la regulación en materia de sanciones», dijo a Télam Orlando Pulvirenti, titular del Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Rencap) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El funcionario señaló que la ley «no posee un esquema de capacitación para los controladores, lo que la hace inaplicable» y señaló que solo 11 de las 24 jurisdicciones del país adhirieron a la norma sancionada el 7 de mayo de 2008, a través de la cual se creó el Rencap.
La discriminación en boliches casi no se denuncia y se naturaliza porque existe ‘el derecho de admisión’, pero hay que hacerlo porque hay mucho maltrato y eso no es natural”
FLAVIA MASSENZIO, ABOGADA.
Uno de los distritos que no adhirió a esa ley es la ciudad de Buenos Aires, que de acuerdo a los registro del Rencap se ubica junto a la provincia de Buenos Aires como las jurisdicciones con más denuncias por actos de discriminación, violencia o incumplimiento de la normativa.
En territorio porteño se registraron 23 denuncias en 2018 y 12 en lo que va de 2019 mientras que en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 13 en 2018 y a 20 este año.
El jueves 28 de noviembre el boliche «Rose in Rio», de la Costanera Norte, fue clausurado luego de que la joven trans Kiara Acosta, influencer, actriz y bailarina de 21 años, denunciara que uno de los hombres a cargo del control de admisión, a quién filmó con su celular, no le permitió ingresar debido a su vestimenta y apariencia física.
Un día después fue autorizado a reabrir sus puertas con el pago de una multa de 42.800 pesos por haber negado el acceso a Acosta, a quien debe resarcir con 20.000 pesos en concepto de «reparación de daño integral», según lo resuelto en un juicio abreviado por el titular del Juzgado 1 en lo Penal, Contravencional y de Faltas Rodolfo Ariza Clerici.
El magistrado le impuso una multa similar al propietario del local, ordenó a la discoteca colocar un cartel con la leyenda «Este local respeta la dignidad y diversidad de las personas» y le exigió «pedir disculpas en medios de prensa y redes sociales».
«Se cree que el derecho de admisión se trata de un ‘te paro en la puerta y no entras’, pero no te pueden negar el ingreso a un boliche o bar de forma irracional o por discriminación, como lo hizo Rose in Rio con Kiara», dijo a Télam la abogada de la joven trans Flavia Massenzio, de la Defensoría LGTBIQ de la Ciudad.
Para la letrada, «la ley 26.370 no está bien formulada y por algo la Ciudad no adhirió, además de que hay una normativa local contra la discriminación, la ley 5261 del año 2015». «La discriminación en boliches casi no se denuncia y se naturaliza porque existe ‘el derecho de admisión’, pero hay que hacerlo porque hay mucho maltrato y eso no es natural», agregó Massenzio.
La mayor cantidad de denuncias por discriminación en el país en ingreso a espectáculos y boliches se basó en primer lugar en el aspecto físico, seguido por el color de la piel, la vestimenta y el género, según e Rencap, que en su web cuenta con información sobre empresas y trabajadores de control de admisión y permanencia en esos eventos.
«Estoy conforme con el fallo, porque marca un precedente que permitirá a la gente ir tranquila al boliche, sabiendo que ya no la podrán discriminar impunemente», aseguró a Télam Acosta, que se hizo conocida en 2017 por su participación en el reality «Despedida de Solteros».
Otro caso que generó polémica fue el de Mar Tarrés, una salteña que hace stand up, quien el año pasado denunció en redes sociales que fue discriminada «por ser gorda» en una discoteca de Mendoza llamada Gutiérrez bar.
La artista de 30 años hizo su descargo a través de un video en Facebook, que se viralizó y en 48 horas registró más de 200 mil reproducciones, lo que llevó a los dueños del local a pedir disculpas y desvincular al personal involucrado en la tarea de admisión.
«La única jurisdicción en la que esta normativa está funcionando bien es la provincia de Santa Fe, que establece un sistema de capacitación estatal de los trabajadores que trabajan en admisión y permanencia del público, con un fuerte compromiso de municipios y fondos provinciales aplicados, además de tener activo su propio Rencap local», detalló Pulvirenti.