El Gobierno argentino y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron ante la cumbre internacional a trabajar para cumplir una veintena de puntos.
Eliminar barreras del Poder Judicial para el acceso a la justicia, garantizar derechos vinculados a salud, reproductivos, de educación sexual integral y de las personas LGBTTTIQ+, son algunas de las 20 metas que la Argentina se comprometió a cumplir ante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD25) que comenzó hoy en Nairobi.
Representantes de más de 160 países revisarán desde hoy y hasta el jueves el trabajo de la histórica ICPD de 1994 en El Cairo, donde se firmó un programa de acción que marcó hitos como considerar la salud sexual y reproductiva un derecho humano y trató temas como la mortalidad materna o la violencia y prácticas dañinas contra las mujeres.
“El país participa con una comitiva del sector civil y público junto a un documento consensuado, que habla de la importancia de los derechos de la población y el desarrollo en la agenda local”, dijo a través de Twitter Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia.
Agosto presentará los compromisos en la cumbre junto a Camila Fernández, una joven trans argentina de la organización “Ella decide” (She Decides, sus siglas en inglés).”Estamos contentos de estar acompañados de organizaciones que luchan día a día porque los derechos sean una realidad permanente”, señaló.
Un comunicado publicado en la web del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) indicó que la Argentina se comprometió a trabajar en la “eliminación de todas las barreras en el acceso a la justicia y el cumplimiento y garantía de derechos, en especial los vinculados a salud, sexuales, reproductivos y educación sexual integral, por parte del poder judicial”.
Otro compromiso local es el de “definir o explorar nuevas estructuras e instrumentos financieros para la agenda y los tres ceros” (cero necesidades insatisfechas de anticoncepción, cero muertes maternas prevenibles y cero violencia de género y prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina) en particular”.
A su vez, se remarca la idea de “incorporar intervenciones interseccionales e integrales sobre salud, salud mental, derechos sexuales y reproductivos en los programas, políticas y estrategias en el marco de la cobertura universal en salud y la educación sexual integral (ESI) y la interrupción legal del embarazo (ILE).”
Y también “renovar el compromiso para terminar con las uniones tempranas forzadas y el matrimonio infantil”, como “promover el ejercicio de la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado para personas gestantes, recién nacidos y familia”.