Es por el encubrimiento de actividades de la empresa Austral Construcciones, del empresario detenido Lázaro Báez.
Marijuan consideró que existen pruebas de que los funcionarios “con el fin de brindarle protección a Lázaro Antonio Báez, no cumplieron con sus obligaciones de investigar y denunciar las irregularidades que fueron conocidas como consecuencia de las fiscalizaciones llevadas a cabo por la Dirección Regional Bahía Blanca”. “Por el contrario, con el fin de ocultarlas decidieron disolver esa dirección”, advirtió.
El juez federal acusa a ambos ex funcionarios de obstruir el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre los meses de mayo y julio del año 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca respecto de las sociedades Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A.
Según esas fiscalizaciones, el grupo de sociedades investigadas no contaba con capacidad económica ni financiera para realizar obras o prestar servicios en la industria de la construcción o vial.
El escrito fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa desprendida de la investigación conocida como la “ruta del dinero k”, en la que ya fue elevado a juicio Báez y fue indagada la ex presidenta Cristina Kirchner. Ahora, resta que Casanello firme la elevación a juicio de ambos acusados.