Alberto Fernández anuló el DNU que disponía la intervención de Vicentin

Así desistió del intento de expropiación de la agroexportadora. El Presidente volvió a cargar contra los accionistas y sostuvo que «el juez interviniente en el concurso no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía». «Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa», aseguró

Vicentin (Pablo Lupa)

Un mes y medio después del sorpresivo anuncio en Casa Rosada Alberto Fernández estampó la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una “obstrucción” empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.

“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter un rato después de que Infobae adelantara la información.

De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y contra “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.

Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla política y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.Alberto Fernández, en los primeros días de junio, en Olivos, junto a los dueños de Vicentin (Presidencia)

Ayer, por caso, los directores de la agroexportadora rechazaron la renuncia y la cesión de sus acciones a un fideicomiso, tal como había exigido el gobierno santafesino en un plan que había intentando instrumentar Perotti, y el secretario de Justicia de esa provincia oficializó que se retiraban de las negociaciones.

Tras el traspié legal y político de ayer, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito.

El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, radicada en ese distrito, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar un salvataje concreto.

Además de la quiebra, el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. Tanto la entidad oficial como la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron aceptadas como querellantes por la cámara.

En las últimas semanas, en tanto, el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, se metió de lleno en el tema por pedido expreso del Presidente. La semana pasada, el funcionario viajó a Rosario y dedicó todo un día a reunirse con representes sindicales, de los acreedores, de la Inspección de Justicia y acopiadores de granos, entre otros. A la vuelta, le avisó a Fernández, según contaron asesores presidenciales: “Esto no camina”.El tuit con el que Alberto Fernández anunció la derogación del decreto de intervención de Vicentin

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.

“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.