Tras el anuncio que se hizo anoche 9 millones de beneficiarios seguirán cobrando el bono de $ 10.000.
Anoche en la reunión virtual que mantuvo con los gobernadores el presidente Alberto Fernández anunció que la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se pagará en todo el país, tal como ocurrió en las dos primeras. Esto marca un cambio respecto de lo que el mandatario había dicho hace tres semanas, cuando anticipó que el próximo bono solo sería para las regiones que se mantienen dentro de la cuarentena dura, lo que implicaba que la mitad de las 9 millones de personas que hoy reciben el IFE quedaban fuera de este programa.
“El IFE significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza, es una herramienta de emergencia que no vamos a poder dar siempre”, dijo el mandatario en el encuentro en el que les confirmó a los gobernadores la extensión del beneficio.
Héctor Huergo trae lo más destacado de la agroindustria y las economías regionales.
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El cambio de postura de Alberto fue motorizado por los propios gobernadores, que desde que se anunció que habría recortes en la tercera fase empezaron a moverse para lograr que su provincia no se quedara afuera.
El IFE se puso en marcha en el comienzo de la cuarentena. Iba a ser por única vez, para ayudar a los sectores vulnerables a enfrentar la pandemia. Entre los 9 millones de beneficiarios de este bono de $ 10.000 hay desocupados trabajadores informales, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), empleadas domésticas y monotributistas de las categorías más bajas.
Con la extensión de la cuarentena el IFE se fue recargando y ahora ya entra en su tercera fase. Cada etapa vuelca al mercado doméstico cerca de $ 90.000 millones, un monto vital para sostener el consumo en medio del parate de la pandemia.
Esta situación empujó a los gobernadores que veían que sin el IFE enfrentarían un problema doble: una población que quedaría más expuesta ante la crisis y un sector productivo que perdería una parte importante de la demanda.
La situación llegó a tal punto que hasta el Centro de Almaceneros de Córdoba se plegó al reclamo. A través de un comunicado advirtieron que la caída del IFE “representa un severo riesgo alimentario para miles de familias y un letal golpe a la actividad comercial de nuestra provincia“.
Además de mantener la asistencia a la población vulnerable y sostener el consumo, la ampliación del IFE a todo el país le da al gobierno nacional otra carta para negociar con los gobernadores el apoyo que necesita en el Congreso para avanzar con proyectos clave. Entre ellos, la nueva moratoria impositiva, la reestructuración de la deuda bajo legislación local y la aprobación de una partida adicional de $ 400.000 millones para ampliar el presupuesto nacional de este año.
Proteger el consumo
Esta mañana, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó en declaraciones radiales que los resultados del IFE fueron “muy buenos”, porque sirvieron para “proteger el consumo y el ingreso de las familias, que se había visto muy afectado” por la pandemia.
Explicó que el IFE “evita que entre 2,2 y 2,8 millones caigan en la pobreza y, además, que entre 1,8 y 3,1 millones caigan en la indigencia” y agregó que, sumado a la tarjeta Alimentar más la AUH “evita que entre 2,7 y 3,4 millones caigan en la pobreza y que entre 2,9 y 4,5 millones caigan en la indigencia”.
“El desafío hacia adelante es ver cuáles son las políticas que nos van a permitir ir saliendo de esta crisis, sin descuidar a nadie y también sin descuidar el gasto, que no es infinito”, expresó.
Si bien la idea de que el IFE no es infinito se viene recalcando en los discursos oficiales, prevalece la certeza de que la pobreza está creciendo en medio de la cuarentena. Por eso una vez que la pandemia termine parte de la ayuda que originalmente fue pensada como transitoria se convertirá en permanente.
Por ahora lo que el Gobierno está analizando es poner en marcha un esquema de renta universal que llegue a los tres millones de familias más vulnerables del país.
La cuestión de fondo es de dónde saldrán los recursos para financiar estas políticas permanentes de asistencia. Hasta ahora el IFE y el resto de las medidas de emergencia dispuestas en medio de la cuarentena se vienen cubriendo con la asistencia del Banco Central a través de una mayor emisión monetaria. Pero desde el Gobierno remarcan que cuando la cuarentena termine el Central saldrá a absorber el exceso de pesos del mercado para que no presionen sobre la inflación.
Aunque esto ocurra no evitará el descalabro del déficit fiscal, que se encamina a cerrar el año con un rojo equivalente al 7% el PBI, tras el -0,5% del año pasado.
Para que ese déficit se dispare aun más Alberto Fernandez habia decidido acotar la tercera fase del IFE. Ahora que se confirma que no habrá cambios y que seguirá llegando a 9 millones de personas, el estado desembolsará otros $ 90.000 millones, lo que llevará el gasto, solo por esta partida, a $ 270.000 millones en cinco meses.