Cuáles son los países con mayor y con menor transparencia financiera.

La Argentina fue evaluada por primera vez y obtuvo un buen desempeño en una medición realizada por la organización Tax Justice .

Las Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza encabezan el ranking global de los países donde hay más facilidades para mantener el secreto financiero. Así surge de un índice elaborado por la organización Tax Justice Network, y difundido este martes a nivel internacional. La medición evalúa el grado de transparencia financiera en 133 jurisdicciones, incluidas varias que tradicionalmente no se consideran paraísos fiscales, como Japón, los Países Bajos, Alemania, Canadá, China o Francia.

Tax Justice Network analiza el nivel de secreto en los centros financieros del mundo desde 2009, cada dos años, en una clasificación integral que permite identificar a los mayores responsables de ofrecer este tipo de servicios fuera de la lupa de las autoridades a nivel mundial.

Esta nueva edición del ISF 2020 –que aumentó los países evaluados a 133– revela que, a diferencia de otras regiones, “los países de América Latina mejoraron en el uso de datos tributarios para combatir la corrupción y el lavado de dinero, aunque aún queda mucho por hacer”, según el análisis de esa organización no gubernamental con sede en el Reino Unido.

Argentina es la primera vez que fue evaluada para este Índice y quedó ubicada en el puesto 94, con un puntaje mejor que la media global y de Latinoamérica, lo que indica una relativamente buena performance. Parte de este desempeño obedece al “enfoque amplio-amplio” que está aplicando el país en relación al intercambio automático de información financiera. El peor país de la región es Panamá y el mejor, Ecuador.

Según el análisis de Tax Justice Network, “en promedio, los países han reducido su contribución al secreto financiero global en un 7% respecto al 2018. Esto significa menos espacio para prácticas como las que usa la banca desregulada, la titularidad anónima de empresas fantasmas o de bienes inmuebles, lo que a su vez significa menos espacio para el lavado de dinero, la evasión fiscal y las enormes concentraciones de riqueza offshore”.

“Por el contrario, solo unas pocas jurisdicciones que manejan gran parte de los servicios financieros mundiales siguen defendiendo y ofreciendo secretismo financiero, especialmente Estados Unidos, Islas Caimán y el Reino Unido. El eje de secreto financiero ahora tiene un carácter angloamericano y constituye, de lejos, la mayor amenaza global de corrupción y abuso fiscal”, advirtió la organización.

De acuerdo a la estimación realizada por Tax Justice “entre USD 21 y USD 32 billones de riqueza financiera privada se encuentran, libres de impuestos o ligeramente gravados, en jurisdicciones secretas de todo el mundo”.

Los paraísos fiscales usan el secreto para atraer dinero ilícito o con fines de evasión. La ONG estimó que esos flujos financieros transfronterizos ilícitos suman “entre USD 1 y 1,6 billones por año, lo que eclipsó aproximadamente los 135.000 millones de dólares en ayuda exterior global”.

Retroceso de Estados Unidos

Uno de los datos más destacados de la sexta edición de ISF es el retroceso en materia de transparencia global de Estados Unidos, que aparece como la segunda jurisdicción de secreto más grande del mundo. Si bien fue calificada en la misma posición que obtuvo en el ranking del último Índice del 2018, al aumentar su oferta de secreto financiero en un 15%, desplazó a Suiza al tercer lugar, que lideraba las mediciones desde el 2011.

La escalada de Estados Unidos en el ranking del ISF 2020 se debe, principalmente, a que el estado de New Hampshire –en el extremo noreste de ese país– habilitó el establecimiento de fundaciones privadas que permiten ocultar a sus verdaderos dueños.

La mejora en el ranking de Suiza, en tanto, responde al aumento de los países con los que acordó un intercambio automático de información financiera.

En la medición no influye tanto la cuestión de secreto bancario –que hoy se redujo mucho– sino, por ejemplo, la existencia de normas que permiten la creación de sociedades pantalla para ocultar la titularidad de la compañía y evadir el pago de impuestos por parte de empresas y personas, o la ausencia de un registro que identifique a los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

Las controvertidas Islas Caimán –un territorio de ultramar dependiente del Reino Unido, ubicado en el Caribe– pasaron del tercer lugar en el ranking del 2018 al primero. Su “puntaje de opacidad” aumentó de 72 a 76 puntos sobre 100.

Se convirtieron, así, en el mayor proveedor de la oferta de secreto financiero, al aumentar un 21% el volumen de estos servicios offshore que presta a los no residentes, por su industria de fondos de inversión de alta rentabilidad y riesgo (hedge funds), fideicomisos y compañías pantallas que ocultan quiénes son las personas titulares.

El “puntaje de opacidad” que recibe cada país es el resultado de una combinación de 20 indicadores e incluye una medición integral cualitativa y cuantitativa. La cualitativa analiza las normas de una jurisdicción y los tratados internacionales de intercambio de información que firmó, por ejemplo, para evaluar cuán reservado es. Cuanto mayor sea la puntuación que recibe, más reservada será la jurisdicción. La medición cuantitativa tiene en cuenta el tamaño de la jurisdicción y la importancia general del mercado global de servicios financieros extraterritoriales.

El top five del ranking de países con menor transparencia financiera lo completan Hong Kong y Singapur.

“Debido a que el negocio principal de las jurisdicciones secretas es típicamente facilitar actividades criminales y abusivas llevadas a cabo en otros lugares, en un mundo de movimientos financieros globales no tiene sentido enfocarse solo en lo que sucede dentro de jurisdicciones secretas individuales. El secreto financiero debe analizarse desde una perspectiva global”, advirtió Tax Justice Network en su informe.

Latinoamérica

Entre los 20 primeros países más opacos en materia de secreto financiero –sobre los 133 medidos– hay uno solo latinoamericano, Panamá, en el puesto 15. “Como en años anteriores mantiene un alto puntaje de opacidad, aunque finalmente ha decidido participar en la implementación del estándar global de Intercambio Automático de Información, por lo que hay que ver qué implicancias tendrá en la transparencia de la información fiscal en los próximos años”, señaló Tax Justice Network en su evaluación.

Panamá se ubica muy por arriba del resto de los países de la región, seguido en el puesto 61 por Venezuela, y Guatemala en el 69, Brasil en el 73 y México en el 80. Son los cinco países que lideran el ranking latinoamericano de secreto financiero que, este año, aumentó la lista de países evaluados, aunque no alcanza a la totalidad.

En el caso de Venezuela, el ISF 2020 advierte que “si bien aparece en segundo en el ranking, hay que tener muy en cuenta la seria situación que conlleva un agresivo bloqueo financiero de entrada y salida de divisas, un sistema económico con grandes distorsiones y enormes restricciones que lo sitúa al borde de ser un país en guerra. La falta de información sobre el régimen legal de transparencia del país, que no ha sido evaluado por organismos internacionales recientemente, han incidido para que la información levantada en el Índice lo ubique en esta posición”.

En tanto, Argentina se ubica en el puesto 94 del ranking global, y en el 12 en el latinoamericano con 54,98 puntos de opacidad financiera, por debajo de la media global (64 puntos) y de la media regional (62).

El país obtuvo un mejor resultado en la medición que sus vecinos Chile, Paraguay y Uruguay. Se encuentra justo por debajo de Bolivia, una nación que tiene un puntaje elevado en la medición de los indicadores de opacidad financiera –79,10 puntos, superando incluso a Panamá–.

Parte de este buen desempeño de Argentina se debe a que es el único país que está aplicando el “enfoque amplio-amplio” (wider-wider-approach) de intercambio automático de información financiera (CRS por el nombre en inglés Common Reporting Standard) entre países. Esto implica la recolección de información por parte de las entidades financieras locales, incluye a los no residentes, y el reporte a la autoridad fiscal, en este caso, la AFIP.

Como parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de la OCDE, Argentina se comprometió a implementar el intercambio automático de información financiera a partir de septiembre de 2017.

El ejemplo de Ecuador

El mejor país de la región es, por lejos, Ecuador, en el puesto 120, con 47,21 puntos, muy por debajo de la media global (64 puntos sobre 100 asignados al más transparente) y de la regional (62 puntos). Este desempeño se debe a la implementación de un registro de Beneficiarios Finales, on line y gratuito, que abarca sociedades de capital, de personas y fideicomisos. La definición de beneficiario final (también llamando UBO por Ultimate Beneficial Owner en inglés) es considerada la más baja a nivel global, ya que no existe “umbral” en Ecuador: cualquier acccionista –aun teniendo solo el 1%– es considerado UBO.

Según Tax Justice, el de Ecuador “es el mejor registro en el Índice”, y permitió, por ejemplo, encontrar indicios de que su actual vicepresidente usó una empresa offshore, que actualmente es ilegal en ese país. Parte de esas regulaciones fueron implementadas por el anterior gobierno de Rafael Correa.

Además de Ecuador, en la región hay otros 7 países que tienen normas que contemplan la existencia de un registro único de beneficiarios finales, como Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Perú y República Dominicana. En Argentina y Brasil, sin embargo, no están implementados.

El informe destaca también que los países de la región tienen los umbrales mas bajos para la definición de UBO: la tenencia de entre el 5% y el 25% de acciones exige la obligación de identificar al beneficiario final. Argentina tiene un umbral fijado por la Unidad de Información Financiera (UIF) del 20%, y del 5% para las sociedades extranjeras, de acuerdo a una normativa dictada por la Comisión Nacional de valores (CNV) en 2012.

Intercambio de información automática

En cuanto al intercambio de información entre países, Tax Justice Network señala que Latinoamérica tiene un resultado dispar: 9 de 16 ya firmaron el el Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático sobre cuentas financieras (CRS-MCAA por sus siglas en inglés). Además de Argentina, lo hicieron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panama y Uruguay.

Por otro lado, según advierte la ONG, “Latam es líder en el uso de información para combatir la corrupción y el lavado, más allá de los fines fiscales, a partir de la firma de la Declaración de Punta del Este”, firmada en Uruguay en noviembre de 2018. El objetivo de ese acuerdo fue maximizar el combate contra la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros mediante una cooperación más estrecha entre países y un uso más intensivo de intercambio de información que permiten disuadir y detectar a los evasores de impuestos.

“Informes país por país”

El ISF 2020 también destaca que solo Uruguay tiene “un muy buen desempeño en la reglamentación sólida sobre la presentación local del Informe país por país para identificar casos de abuso fiscal por parte de multinacionales”. La presentación de estos informes es una práctica que requiere que las empresas publiquen información sobre las ganancias y los costos en los que incurren en cada país en el que operan, en lugar de solo publicar un resumen global de sus ganancias y costos de forma agrupada.

“A diferencia de otros países que se someten a las imposiciones de la OCDE o que ni siquiera desean obtener el informe país por país, Uruguay se asegura de obtenerlo incluso de las subsidiarias locales, logrando utilizarlo de la forma que las autoridades consideren pertinente”, destaca la ONG. En cambio, Costa Rica decidió no recibir estos Informes del extranjero, renunciando así a una herramientas clave para combatir el abuso fiscal por parte de las multinacionales”, advirtió Tax Justice Network.