Como estaba previsto, la medida tendrá una vigencia de 120 días. La decisión se hizo efectiva a partir de la Resolución 14/2020 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional confirmó que durante 120 días les enviará dinero a las provincias para que hagan frente a los subsidios en el transporte público de pasajeros por automotor urbano. La medida, que llega poco después del pedido a los municipios para que se congelen las tarifas de este servicio también en el interior del país, se hizo efectiva a partir de la Resolución 14/2020 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión viene como respuesta a la queja de varias jurisdicciones que protestaron al asegurar que no podían hacerse cargo de la diferencia entre lo que paga el usuario de este sistema y el costo real del boleto, por lo que la administración de Alberto Fernández decidió prorrogar el Fondo Compensador Provincial.
De acuerdo con el documento, que lleva la firma del ministro de Transporte, Mario Meoni, esto se hizo “con el fin único de compensar los desequilibrios financieros que pudieran suscitarse”. El presupuesto que será destinado a los gobiernos locales “será distribuido por el término de 120 días en cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.
Además, la Resolución señaló que “a los efectos de la distribución de este Fondo de Compensación se tomarán en cuenta las jurisdicciones que resultaban beneficiarias del Atributo Social Interior hasta el mes de diciembre de 2018”.
Por otra parte, las provincias “que se hubiesen incorporado al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) durante 2019 no percibirán el Atributo Social Interior durante la vigencia de la presente resolución, sino que serán incluidas en la liquidación del Fondo de Compensación”.
Serán beneficiarios del Fideicomiso todos aquellos distritos que procedan a la suscripción en un plazo no mayor a los veinte días corridos, de un Convenio aprobado en la misma Resolución y que debe ser aceptado por parte de «la máxima autoridad competente en materia de transporte” de cada uno de ellos.
“En el caso de que alguna provincia no suscribiese el referido Convenio en el término indicado, una vez vencido el mismo, los municipios correspondientes a su ejido territorial podrán suscribirlo dentro del plazo de 10 días corridos, debiendo ser el mismo refrendado por la máxima autoridad municipal con competencia en materia de transporte, o por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Municipal”, agregó el texto.
Será la propia cartera que conduce Meoni la que faculte al Banco Nación para que, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso, proceda a transferir a la Cuenta Especial de cada jurisdicción las acreencias correspondientes, las cuales alcanzan una inversión total de 5 mil millones de pesos, y luego cada provincia deberá repartir ese dinero entre los municipios.
Por último, la Resolución establece que, “en caso de que se presentasen situaciones extraordinarias en las que se verificase la existencia de un desequilibrio financiero en el sistema de transporte, las jurisdicciones provinciales y municipales podrán solicitar una asistencia excepcional”.
A principios de este mes, el Gobierno congeló las tarifas de trenes y colectivos de jurisdicción nacional, tanto los urbanos como los regionales y los de larga distancia, y le pidió a las provincias sumarse a esta medida para favorecer «la redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad”.