La revocación de la actualización del protocolo generó la renuncia “indeclinable” del secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, el viernes último, a la que se sumó ayer la dimisión de la directora de Salud Sexual y Reproductiva de esa Secretaría, Silvia Oizerovich.
Médicos del país que participan de la campaña Salvemos Miles de Vidas (SMDV), que promueve la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (ILE), expresaron hoy su “preocupación” por la revocación del nuevo protocolo de aborto no punible, oficializado por el Gobierno nacional la semana pasada.
“Basándose en el protocolo de 2015, la nueva versión se ajustaba a principios surgidos de la normativa internacional de Derechos Humanos con rango constitucional para nuestro país (artículo 75 inciso 22), de la propia Constitución y legislación argentina”, argumentaron en un comunicado.
Además, el documento de SMDV destacó que la actualización de ese protocolo “establecía que la práctica debía seguir los principios de autonomía y autonomía progresiva cuando se tratara de niñas y adolescentes (es decir, la capacidad creciente para tomar decisiones sobre el propio cuerpo de acuerdo a la edad), y garantizaba la accesibilidad, la no judicialización, la confidencialidad, la privacidad, la celeridad y la transparencia”.
“Nos provoca una enorme preocupación, como integrantes de la comunidad médica, que el Poder Ejecutivo Nacional tome decisiones que no se adecuan a la realidad que expresan los datos relevados por la Secretaría de Salud del propio Estado nacional”, dijo Yolanda Bertazzo, médica especialista en salud reproductiva de San Luis y referente de SMDV.
Según datos de SMDV, las internaciones derivadas de complicaciones de abortos clandestinos son 135 por día en la Argentina, es decir, más de 49.000 por año. “Son complicaciones que enfrentan miles de mujeres y que no enfrentarían si se legalizara la ILE, que hace al procedimiento más seguro”, enfatizó Bertazzo.