“Te necesitamos”, le escribían los cabecillas cuando las víctimas eran ancianos y necesitaban certificado de “lucidez”. Se apropiaron de 32 viviendas y mil hectáreas de campo.
Los estafadores, siete profesionales, cinco de ellos con títulos universitarios, tenían el ardid bien aceitado: se apropiaban de campos y propiedades de ancianos o de fallecidos sin herederos. Confeccionaban poderes apócrifos a testaferros, quienes de forma ilícita concretaban las transacciones de compraventa.
De la operación participaban tres abogados, un escribano, un contador y un gestor. La estafa, sin embargo, la cerraba un médico con su sello y su firma. “Te necesitamos”, le escribían los cabecillas a Alejandro D. (62 años) cuando las víctimas eran adultos mayores.
En su consultorio de Villa Cañás –un pueblo de 10 mil habitantes, ubicado a 180 kilómetros de Rosario–, este doctor tomaba su bolígrafo y certificaba que la persona estaba lúcida, una exigencia legal para transferir un inmueble. El papel se anexaba a la pila de documentos adulterados que se presentaban luego en el registro de la propiedad.
“Si el damnificado era alguien muy anciano se servían de un médico que presentaba certificados. Su rol era determinante”, explicó el secretario de Gestión Pública de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, el funcionario que llevó el caso a la Justicia al detectar las mismas irregularidades en millonarias transferencias.
Al día de hoy, mediante este modus operandi, los estafadores se apropiaron de 32 inmuebles y de 4 campos de más de mil hectáreas ubicados en una de los núcleos sojeros más rentables del país. Los investigadores no descartan que este número ascienda con el avance de las pesquisas. “Llevan muchos años trabajando juntos, cometiendo estas megaestafas”, explicó Escauriza.
Se calcula que el fraude supera los mil millones de pesos, un monto récord en la historia criminal de guante blanco de Santa Fe. Los 14 detenidos serán imputados este jueves por integrar y cumplir distintos roles en una asociación ilícita, cometer estafas y falsificar documentos.
El abogado penalista Antonio Di Benedetto (60 años), de trayectoria y renombre en Venado Tuerto, la localidad santafesina donde se cometieron casi todas las estafas, está sindicado como el cabecilla de la organización.
El letrado alcanzó en su día renombre nacional al ser designado como primer defensor de Carlos Fraticelli, el juez que quedó en la mira por el homicidio de su hija Natalia, en mayo de 2000.
EL grupo de profesionales detenidos lo completan el escribano Eugenio C., de 52 años; la abogada Milena F., de 32; el abogado Fernando A., de 45 años; y el escribano Emilio M., de 54 años. Todos permanecen detenidos en la alcaidía de Melincué, otra localidad del sur de Santa Fe.
Respecto a los inmuebles sustraídos, el gobierno de Santa Fe anunció que evaluará la condición en la que se encuentran las propiedades y trabajará para determinar si alguien está en condiciones de reclamarlas. Caso contrario serán derivadas a la Agencia de Bienes Decomisados.