Un sector celebró que se trabaje en darle continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia y destacó la bancarización de los beneficiarios.
La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró hoy “la probable continuidad del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) luego de la pandemia de coronavirus”, y afirmó que “la bancarización obligatoria de cuatro millones de personas es una señal positiva”, señaló la organización.
Para el gremio estatal, la iniciativa oficial debería incrementarse a 16.875 pesos, es decir, igualar el valor del salario mínimo, vital y móvil.
“La bancarización obligatoria de cuatro millones de personas es una señal positiva, por lo que será preciso aumentar ese número de gente”, dijo la ATE a través de un comunicado.
El secretario adjunto del gremio, el dirigente rionegrino Rodolfo Aguiar, destacó que “se trata de un primer paso para alcanzar una renta básica universal, que permita a millones de familias emerger de la pobreza”, y añadió que “la obligatoriedad de los bancos de abrir cuentas gratuitas a más de cuatro millones de personas y las declaraciones en el sentido de que el IFE se abonaría luego de superado el aislamiento social son señales positivas en ese sentido”, enfatizó.
Aguiar valoró “este primer y muy importante paso” para que la propuesta que lanzó el gremio estatal la semana anterior “se transforme en una realidad”.
“Si después se logra que aumente el monto y se transforme en una renta básica universal, se tratará de una de las medidas económicas más eficaces para terminar con la pobreza en la Argentina. La IFE debería ser igual al valor del salario mínimo, vital y móvil, es decir, 16.875 pesos, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendría que pasar de 3 a 4 mil pesos para que una familia de dos adultos y dos menores acceda a un ingreso de 42 mil pesos mensuales”, señaló.
El dirigente gremial reseñó que unas 9 millones de personas cobraron hasta ahora el IFE, que ampliará su alcance cuando sea oficialmente extendido.
Para Aguiar, es “una muy buena noticia la continuidad de un programa que contiene a millones de personas que no tienen salario, jubilación o plan social”.
Además, explicó que a diferencia de cualquier empresa privada, “el Estado no está obligado a generar rentas o utilidades, por lo que no es posible cuestionar la posibilidad de déficit fiscal, en especial en épocas de crisis económica aguda”. Télam